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Ley para ellos, justicia para mí

4 mayo, 2017 Estuardo Porras Zadik

Somos un pueblo que que exige justicia, mientras incumple la ley.

Algo que aún no logro identificar, lleva a la mayoría de guatemaltecos a pensar que son acreedores de un trato especial, que la ley no aplica para ellos y que el respeto a las normas y regulaciones son para ignorar y violar a discreción propia.

Nuestra sociedad se encuentra altamente polarizada. Existe una clara división entre quienes realmente apoyan el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala(CICIG) y el Ministerio Público (MP), y aquellos que tajantemente se oponen o están dispuestos a apoyar su gestión, solo y siempre y cuando ellos y sus allegados no sean investigados, perseguidos, juzgados y condenados. Definitivamente, la “plaza” ha perdido adeptos con los avances del trabajo de la CICIG y el MP, y podríamos también sumar el trabajo de Juan Francisco Solórzano Foppa al frente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Con esto no quiero aseverar que todo el que apoya el trabajo de estas instituciones está libre de pecado, al igual que sería irresponsable pensar que todo el que se opone es de alguna manera corrupto. El hecho del cual no podemos escapar, es que nuestra sociedad se encuentra dividida en bandos, que no necesariamente son ideológicos, aunque así, algunos intenten convencernos.

¿Qué pasó con el lago de Amatitlán? ¿Por qué algunos que manifiestan su descontento, consideran factible destrozar fachadas, monumentos y la propiedad privada? ¿Por qué nos vemos forzados a polarizar nuestros vehículos para así tratar de disuadir a los delincuentes de arrebatarnos nuestras pertenencias en cada esquina de la ciudad? ¿Cómo es posible que cientos de miles de guatemaltecos fueron estafados por varios bancos del sistema perdiendo todos sus ahorros? ¿Qué pasó con los responsables del desastre ecológico en el río La Pasión, de la desmesurada deforestación y de los cientos de basureros municipales que existen en barrancos que debiesen ser miradores turísticos? En fin, necesitaría al menos todas las páginas de esta revista para enumerar las preguntas que los guatemaltecos nos hacemos a diario, pero que lastimosamente, de alguna manera, somos parte de las respuestas.

Hace unos días y en respuesta a mi columna anterior –en la cual responsabilizo a la corrupción de mantener sumida a Guatemala en el subdesarrollo–, un lector responde lo siguiente: “Estados Unidos es el país con mayor corrupción en el mundo y mira su desarrollo”. Agradezco al lector, ya que su observación me permite pulir mi argumento. No creo que debo demeritar el efecto devastador que la corrupción tiene en nuestro desarrollo económico y social, ya que esto es indiscutible. Sin embargo, vale la pena enfocarnos más en la manera en la que Estados Unidos administra la corrupción y la manera en la que nosotros la abordamos. Es innegable que en Estados Unidos, y en efecto en todo el mundo, existen corruptos y corruptores. Sin embargo, también es innegable que los mismos orbitan alrededor de un sistema de justicia.

En esos países, las empresas que contaminan los mantos acuíferos o el medio ambiente son obligadas a pagar multas millonarias en compensación del daño. De igual manera, cuando ejecutivos de bancos son sorprendidos estafando a sus clientes, los mismos son enviados a prisión independientemente de su origen. El individuo o empresa que defrauda al Servicio de Impuestos Internos en Estados Unidos termina en la cárcel. En resumen, sí existen delincuentes, pero cuando la ley los alcanza, se hace justicia. En Guatemala, la justicia es débil, está cooptada por los delincuentes y la ley es selectiva.

Somos una cultura que exige justicia, pero que no cumple la ley. Esta es una actitud que no discrimina entre género, etnia o estrato social. El entelerido apoyo por parte de los sectores más influyentes al trabajo de la CICIG, el MP y la SAT, es un perfecto síntoma de esta cultura enraizada en lo más profundo de nuestra sociedad. El cambio solo vendrá cuando los afectados estén dispuestos a cambiar. Hoy, le apuestan a desprestigiar de tal manera a estas instituciones, para lograr su sustitución o retiro del país. Solo cuando los guatemaltecos miremos a un individuo, empresa o sector afectado asumir su responsabilidad y aceptar una mea culpa y apoyen el esclarecimiento de la verdad y la develación del entretejido de corrupción del que fueron partícipes, cómplices o víctimas, entonces podremos empezar a decir que el cambio es posible.

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