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Así indemniza la comuna de Santa Catarina Pinula a Tono Coro

18 mayo, 2017 Byron Mazariegos

Como el Rey Midas, el exalcalde de Santa Catarina Pinula, José Antonio Coro García, “convirtió su tiempo en oro” y logró que lo indemnizaran por Q3 millones 459 mil, según denuncia interpuesta el 15 de mayo ante el Ministerio Público (MP) por tres concejales de esa comuna.

Según la denuncia, a la que ContraPoder tuvo acceso, todo comenzó el 5 de febrero de 2015, cuando el Concejo Municipal de Santa Catarina Pinula, “autorizó como única vez y de forma excepcional” un pago de Q330 mil 234.44 por concepto de indemnización, a favor del exalcalde José Antonio Coro García.

Esto, a pesar de que él renunció el 29 de enero de ese mismo año para dedicarse al proselitismo con el desaparecido partido político Libertad Democrática Renovada (LIDER), que lo acuerpó en las pasadas elecciones para optar a la comuna capitalina, la que no consiguió.

Es más, el Concejo consideró que él merecía ese pago por haber sido reelecto para más de tres períodos y haber “transformado el municipio” (extremo que consta en la certificación del punto de acta 7-2015 de fecha 11 de abril de 2016, emitido por la secretaria municipal, Dora Luz Urrutia)”.

Poco después, la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) llevó a cabo una auditoría financiera y presupuestaria ordinaria del período de enero a diciembre de 2015 y el 8 de marzo de 2016 informó sobre un hallazgo: según el expediente 1340 del 28 de febrero de ese año, se le habían pagado a Coro las prestaciones mencionadas, por lo que la Comisión de Auditoria de la CGCN determinó que él no tenía derecho a ese dinero y dio un plazo de 10 días hábiles para que se presentaran los argumentos, documentos y evidencias del reintegro.

Ante esto, el 28 de abril de 2016 Coro promovió un juicio ordinario laboral contra la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, en el que reclamó prestaciones por haber laborado para esa comuna de 2000-2015, así como vacaciones por todo ese tiempo, aguinaldo, bonificaciones, ventajas económicas (vehículo con combustible y el celular que utilizaba como alcalde), aparte de solicitar resarcimiento por los supuestos daños y perjuicios sufridos por los salarios que dejó de percibir desde su renuncia, hasta el pago de la indemnización.

El monto base para exigir todo lo anterior fue calculado en Q61 mil 375 mensuales, aunque su sueldo como alcalde era de Q25 mil. El asunto es que incluyó como ingresos aplicables una bonificación incentivo de Q1,000; un bono profesional de Q375; dietas que iban de Q4 mil a Q10 mil; y gastos de representación por Q25 mil.

 

Para su reclamo citó, entre otras normas, el Código Municipal, decreto 12-2002, en lo que se refiere a la autonomía y a la potestad que tiene el Concejo Municipal sobre la ejecución y el control del presupuesto, así como la fijación del sueldo, gastos de representación y dietas del alcalde. En el documento, Coro reconoce que él renunció.

Sindico no se presenta

Cinco meses después, el 7 de septiembre de 2016, por medio del oficio número 486-2016, emitido por la Secretaría Municipal, se le informó al síndico segundo, Pedro Peña Hernández, que debía acudir, en representación de la comuna, a una audiencia de juicio oral laboral, que sería celebrada el 28 de septiembre, pero él no compareció. Debido a esta ausencia, el 27 de octubre de ese mismo año, el Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social, a cargo de la jueza Sara Catalina Reyes, declaró en rebeldía a la comuna de Santa Catarina Pinula, la condenó y resolvió a favor de CoroGarcía.

Con base en la resolución, el juzgado resolvió el 13 de febrero de 2017, que la liquidación que debía pagar la comuna de Santa Catarina Pinula a “Tono” Coro era de Q3 millones 459 mil 901.97.

Consultado el personal del juzgado, reconoció que ordenó el millonario pago porque la parte demandada, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, no se presentó al juicio laboral, toda vez que esta era la oportunidad de la comuna para probar si Coro había recibido o no el pago de sus prestaciones de15 años de trabajo, y ponerse de acuerdo para un posible pago o no, por el hecho de que renunció de forma voluntaria el 1 de enero de 2015.

Por lo tanto, la no comparecencia del síndico segundo le salió cara al municipio y podría significar un saqueo millonario a sus recursos.

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