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Lucha política e hidroeléctricas

10 marzo, 2017 Carroll Rios

El rechazo al establecimiento de hidroeléctricas en el país obedece a motivos políticos, más que A ambientales o comunitarios.

La conflictividad en torno a los proyectos generadores de electricidad es orquestada por el Frente Nacional de Lucha, Frente Nacional Guatemalteco contra las Represas, Gobierno Plurinacional y más. La apoyan partidos políticos como WINAQ y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-Maiz). Su principal lenguaje es de lucha de clases: vilifican a la propiedad privada y al empresario. Además de organizar manifestaciones y bloqueos y recurrir a obstáculos legales, protagonizan violentos actos terroristas. Tal fue el caso en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, y en la Finca Argentina, en San Pablo, San Marcos, en el 2014 y 2015, respectivamente.

En los dos casos, una turba agredió a personas y provocó daños millonarios al destruir maquinaria y hasta unas viviendas. Los grupos antihidroeléctricas gozan del apoyo de la cooperación internacional, quizá bienintencionada o mal informada, de Noruega, Holanda y Suecia, así como de oenegés ideológicamente alineadas, como Guatemala Human Rights Commission y Network in Solidarity with Guatemala (NISGUA), ambas fundadas a principios de los ochenta para apoyar a la guerrilla guatemalteca desde Estados Unidos.

Circula en las redes sociales un mensaje según el cual Bernardo Caal Xol, quien lidera la oposición a las hidroeléctricas Oxec I y Oxec II, en Alta Verapaz, no representa a las comunidades aledañas al proyecto, porque no vive en la zona y es desconocido por la comunidad afectada. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente las licencias de concesión de bienes de dominio público otorgadas a los proyectos hidroeléctricos, debido a un amparo interpuesto por Caal, aduciendo que no se había realizado una consulta a los pueblos indígenas. En una carta abierta a los magistrados de la CC (6-III-17), la empresa informa que el Ministerio de Energía y Minas “implementó una consulta informada y de buena fe” en cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

El discurso ambiental e indigenista vendría siendo, pues, una herramienta para avanzar una agenda revolucionaria. Proteger los ríos o promover el bienestar de los pueblos indígenas no es el objetivo de estos activistas políticos, sino sembrar odio de clases, pobreza y zozobra. El fin justifica los medios. Entablar pláticas constructivas es prácticamente imposible cuando una de las partes es intransigente y está dispuesta a todo.

Existen comunidades rurales en Guatemala que desean el progreso: la electricidad, educación, salud y los demás beneficios que vienen con la hidroeléctrica. A nivel mundial, hasta los ambientalistas extremistas ven con buenos ojos las hidroeléctricas, sobre todo si no son masivas. Un sitio para la sostenibilidad ambiental llamado Treehugger, que se traduce como “abrazador de árboles”, subraya que “proyectos ribereños generalmente tienen un bajo impacto… proyectos hidro (sic) pequeños, micro y pico tienen aún un menor impacto ambiental…”. Oxfam, también de tendencia progresivista, auto-proclama: “Oxfam no está contra el poder hidroeléctrico”.

Jorge Chapas, de la Red de Amigos de la Naturaleza (Red RANA), lamenta que “varios proyectos de inversión permanecen sitiados por organizaciones criminales y delictivas, generalmente con nexos políticos, estancados en procesos legales de consultas tan manipuladas como inútiles…”, Red RANA ofrece una salida a este embrollo con base en los discernimientos del economista Ronald Coase. Solo asignando derechos claros podemos decidir quiénes tienen una vela legítima en este entierro y quiénes no. Es vital despolitizar estas situaciones y avanzar en acuerdos gana-gana entre los inversionistas y las comunidades. ¡Queremos paz y progreso!

 

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