Más de mil exfuncionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos firmaron una petición pidiendo la renuncia del ministro del área, el fiscal general William Barr, por su intervención para reducir la sentencia de Roger Stone, un exasesor de campaña y amigo del presidente Donald Trump.
Los firmantes del texto divulgado en Internet -muchos de ellos, predecesores de Barr en su cargo- acusan a Trump y a Barr de ignorar “abierta y repetidamente” el principio fundamental de ecuanimidad e imparcialidad de la aplicación de las leyes. En el sistema político de EE.UU., el fiscal general tiene las funciones del titular de la cartera de Justicia.
La petición se deriva del escándalo político provocado por las acusaciones de que Barr decidió, supuestamente presionado por Trump, desautorizar a sus propios fiscales y buscar una sentencia más leve para Stone.
Cuatro fiscales del Departamento de Justicia renunciaron al caso la semana pasada en aparente protesta contra la interferencia del presidente. “Una persona no debería recibir tratamiento especial en un proceso criminal porque es un aliado político cercano al presidente”, dice el comunicado.
“Los gobiernos que utilizan el enorme poder de hacer cumplir la ley para castigar a sus enemigos y premiar a sus aliados no son repúblicas constitucionales; son autocracias”, agrega.
En noviembre pasado y en plena investigación contra Trump y su campaña electoral por presuntos vínculos secretos con el gobierno ruso, Stone fue declarado culpable de siete delitos, entre ellos, obstrucción de la Justicia, mentir al Congreso y manipulación de testigos.
Stone se convirtió entonces en el sexto ex ayudante de Trump en ser condenado en casos derivados de la investigación que lideraba el fiscal especial del FBI, Robert Mueller, para determinar si hubo interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y si Moscú lo hizo en connivencia con la campaña del hoy mandatario.
En esa campaña, la oposición demócrata denunció hackeos en los mails de su sede partidaria y una ola de difamaciones en contra de Hillary Clinton, la candidata presidencial de entonces que se enfrentaba a Trump en los comicios.
Juntos. William Barr y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca (AP).
Los fiscales que trabajaban en el caso habían recomendado una sentencia de entre siete y nueve años en prisión luego de que Stone fuera hallado culpable de obstrucción y de brindar testimonios falsos. Desde su cuenta de Twitter, Trump criticó la recomendación en contra de su amigo.
“Esta es una situación horrible y muy injusta. Los crímenes reales estaban del otro lado. ¡No puedo permitir este aborto judicial!”, escribió el mandatario. Horas después de publicado el tuit, Barr intervino en el caso y eliminó la recomendación por considerarla “extrema y excesiva y desproporcionada”.
El fiscal general emitió un documento que sostenía que Stone debía ser encarcelado, pero pedía una sentencia menor, lo que generó un conflicto inmediato con los fiscales del caso, que dependen de su cartera. Inmediatamente después, Trump felicitó a Barr en Twitter “por hacerse cargo de un caso que estaba totalmente fuera de control y que tal vez no debería haberse presentado”.
Su intervención generó una ola de indignación, que Barr intentó contener durante una entrevista televisiva el jueves, cuando dijo que los tuits del presidente hacen “imposible” su trabajo.
Los exfuncionarios agregan que recibieron con agrado el “reconocimiento tardío” de Barr al daño que causaron los ataques de Trump a los fiscales, pero que las acciones del fiscal general Barr motivadas por la presión del presidente “son una señal más fuerte que sus palabras”.
“Esas acciones, y el daño que han causado a la reputación del Departamento de Justicia acerca de su integridad y el mandato de la ley exigen que Barr renuncie”, agrega la petición.
Por otra parte, la consejera de la Casa Blanca Kellyanne Conway defendió en la cadena de noticias Fox News las acciones del presidente, insistiendo que Trump no dio ninguna orden a Barr.
Los exfuncionarios de Justicia, sin embargo, alegan que es inédito que un alto funcionario de esa área desautorice a los fiscales de un caso “para dar tratamiento preferencial a un colaborador cercano de Trump.
