La lucha contra el coronavirus en Venezuela, uno de los pocos países de la región donde todavía no se reportaron casos de contagio, va mucho más allá de la prevención.
El gobernador del estado de Zulia, Omar Prieto, ordenó a los fiscales y a sus agentes de la Dirección General de la Contrainteligencia Militar (Dgcim) que “levanten procedimiento” contra el doctor Freddy Pachano, director del posgrado de Medicina en la Universidad del Zulia (LUZ), que advirtió en sus redes sociales que dos casos sospechosos estaban bajo estudio en Maracaibo.
“Para nosotros es un tema de seguridad de Estado, debe ser investigado”, amenazó el gobernador, afín al sector más radical de la revolución.
El médico, respetado en el mundo universitario, se defendió: “Yo no he mentido, ni mucho menos he causado alarma. Por el contrario he sido muy precavido y bastante responsable antes de escribir. He dicho absolutamente la verdad”.
La universidad también apoyó a su profesor: “Rechazamos la persecución y el acoso a las libertades fundamentales, especialmente cuando necesitamos información oportuna sobre un asunto crucial para la salud pública”.
Desde que anunció la creación de una Comisión Presidencial, encabezada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y acusó a Estados Unidos de haber creado el coronavirus como arma biológica contra China y contra los pueblos del mundo, el gobierno de Nicolás Maduro vigila estrechamente las informaciones en medios y redes sociales. De momento, en su último comunicado público, Rodríguez se congratula de que “felizmente, no tenemos coronavirus”.
El hostigamiento contra médicos también incluye a periodistas como Milagros Socorro, que cuestionó la “censura férrea” y “la persecución” contra profesionales desde el poder bolivariano.
Países vecinos como Colombia y Brasil, y los también cercanos Panamá y Ecuador ya sufren la enfermedad, lo que aumenta las dudas de expertos sobre la información que proporciona el gobierno, acostumbrado a convertir en propaganda buena parte de sus comunicaciones.
Medios locales sí informaron sobre análisis a varios sospechosos de estar contagiados. Periodistas como Gregoria Díaz fueron hostigados y amenazados por informar sobre estas pruebas, hasta ahora negativas según el gobierno.
De lo que no hay ninguna duda es del pésimo estado de salud del sistema sanitario venezolano. La última en confirmarlo ayer fue Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que, como ejemplo, dijo que el Hospital Infantil JM de los Ríos, en Caracas, solo cuenta con el 21% de sus camas operativas.
Las declaraciones de Delcy Rodríguez, que asegura que el país está preparado para enfrentarse al Covid-19, son cuestionadas desde todos los ámbitos médicos, incluso desde los hospitales elegidos para comandar la batalla contra el nuevo coronavirus. Trabajadores del Hospital Central de San Cristóbal, cerca de la frontera con Colombia, denunciaron ayer que no cuentan con agua potable, barbijos o siquiera información sobre cómo combatir la epidemia.
En parecidos términos se pronunciaron ayer médicos en el estado de Portuguesa, quienes denunciaron que sus pacientes se les mueren “porque no tenemos insumos y ni siquiera podemos detectar el coronavirus”.
El estado de desastre nacional de los hospitales llega incluso al centro médico de El Algodonal, centro piloto elegido para tratar a pacientes sospechosos, en el que ni siquiera tienen epidemiólogo. La Encuesta Nacional de Hospitales ya advirtió en 2019 que en el 30% de los hospitales son los familiares de los pacientes los encargados de llevar agua hasta las habitaciones.
Falla el agua, falla la luz y se esconde la verdadera incidencia de las enfermedades que persiguen al venezolano: malaria, difteria, hepatitis, sífilis, tuberculosis o dengue. “Si llega el coronavirus a Venezuela, Dios nos agarre confesados”, se lamentó Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, otra de las voces que más alto advirtieron sobre las pésimas condiciones de la salud venezolana.
La Federación considera que ninguno de los 45 hospitales públicos seleccionados por el gobierno están preparados y habilitados para combatir el coronavirus. “No hay ninguno que pueda atender a un paciente con una afectación tan grave como esta”, concluyó Natera.
