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Mejor tarde que nunca y aún hay más

16 junio, 2017 Estuardo Gasparico

Dos supuestos defensores de niños y adolescentes fueron capturados, entre otras personas, en un proceso que promete muchas sorpresas.

A manera de un presagio de que esta semana sería intensa en todo sentido, los guatemaltecos despertamos el lunes 12 de junio con la noticia de que las fuerzas de seguridad estaban realizando allanamientos en diversos lugares.

El hecho no llamó mucho la atención, si se toma en cuenta que desde hace varios meses se realizan frecuentes operativos para dar con el paradero de delincuentes de toda calaña, comenzando con las bandas de extorsionadores.

Pero todo cambió cuando se supo que los aprehendidos eran el jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Harold Augusto Flores Valenzuela; Gloria Castro, defensora de la Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); y Brenda Julissa Chamam Pacay, jefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato en Todas sus Formas del mal llamado “Hogar Seguro” Virgen de la Asunción.

Por este caso ya guardan prisión Carlos Rodas Mejía y Anahí Keller, exsecretario y exsubsecretaria de Bienestar Social de la presidencia, así como Santos Torres, exdirector del recinto donde el 8 de marzo pasado, 41 niñas murieron carbonizadas.

El hecho inicial conmocionó a la población no solo por la cantidad de víctimas mortales (no se ha dicho mucho de las niñas sobrevivientes, aunque una de ellas fue asesinada poco después), sino porque se trataba de un lugar donde se supone que se acogía a niños y adolescentes que sufrían abandono, abusos físicos o sexuales y discapacidad.

Valga decir que, al inicio, la mayoría de la gente creía que se trataba de otro correccional como “Las Gaviotas”, centro de detención para menores de edad que presuntamente han cometido hechos reñidos con la ley. Por lo tanto, no se le prestó mucha atención, aunque ello hable mal de una sociedad indiferente que critica y odia a quienes guardan prisión, precisamente porque está cansada de tanta inseguridad e impunidad.

Pero volviendo al caso, los delitos que se les atribuyen a los nuevos sindicados son homicidio culposo de 41 personas, maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes, ya que un día antes del siniestro, varios internos se habían fugado, huyendo de malos tratos y abusos por parte de los guardias; sin embargo, fueron recapturados y entregadas a agentes policiales, a pesar de que eran niños.

Según se sabe, el incendio fue provocado por una de las menores, como medida de presión para que las dejaran salir tras varias horas de encierro. Debido a que teniendo la llave en su poder y escuchando los gritos de auxilio, no abrió la puerta, también fue detenida Eva Marina Marroquín Castillo, subinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC).

La fiscalía también solicitó que se le retire la inmunidad a la jueza Rocío Albani Murillo Martínez, quien debía llevar a cabo una exhibición personal por denuncias e vejámenes, lo que no hizo.

Pero ahora, lo más importante: también se plantea el retiro de la inmunidad al presidente Jimmy Morales para poder investigarlo en torno a estos hechos, por petición de los diputados opositores Sandra Morán y Locadio Juracán, quienes aducen que el mandatario era el superior de los funcionarios involucrados y hoy detenidos. Hoy corresponde a la Fiscalía hacer la petición a la Suprema Corte, que deberá determinar los pasos a seguir.

Aunque talvez el retiro del derecho de antejuicio al presidente Morales debería aprobarse por incumplimiento de deberes en general, no solo por este lamentable caso. ¿O acaso él no juró cumplir y hacer cumplir la Constitución? Y ello implica proteger la vida de toda la ciudadanía, lo que usted juzgará si sucede o no.

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