Con el acuerdo 289-2020, el Ministerio de Salud establece las medidas de seguridad contra la Covid-19 en desalojos judiciales o movilizaciones.
Junto con las disposiciones tradicionales del lavado de manos, distanciamiento físico y uso de la mascarilla, Salud implementa que los oficiales judiciales y las fuerzas de seguridad cumplan con los siguientes requisitos en los procedimientos citados:
Uso de guantes, mascarillas KN95 o N95, anteojos o protector facial, evitar en la medida de lo posible el contacto físico con las personas desalojadas, desinfectar equipo utilizado durante los desalojos y mantener el distanciamiento físico entre las personas trasladadas.
El @MinSaludGuate publica normas para la prevención de Covid-19 en desalojos judiciales o movilizaciones. pic.twitter.com/km17CqWpvd
— Canal Antigua (@CanalAntigua) January 13, 2021
Jueces y otras autoridades deberán consultar el semáforo para verificar la alerta que se establece en el lugar en donde se desarrolle del desalojo.
Además coordinar con el Distrito de Salud Municipal para implementar las acciones que eviten el riesgo de contagios.
Informe sobre invasiones
En julio de 2020, la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO) presentó el primer informe sobre el panorama general de invasiones en fincas a nivel nacional. De acuerdo al informe, Guatemala es uno de los países donde menos se respeta la propiedad privada en el mundo.
Según el documento, los países con menor respeto a la propiedad privada comparten variables como tener un Estado de Derecho débil, problemas económicos y fiscales, corrupción interna, sistemas judiciales ineficientes y fuerzas policiales que no pueden garantizar el cumplimiento de la Ley, entre otros problemas.
El derecho a la propiedad privada se encuentra garantizado por el Artículo 39 de la Constitución de la República de Guatemala: “Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana.
Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de los guatemaltecos.”
ACDEPRO señala que de acuerdo a experiencias, entrevistas, recolección y análisis de la información estos son algunos delitos cometidos en contra de la propiedad privada.
- Estafa
- Lavado de dinero
- Tráfico de personas
- Hurtos
- Invasiones de casas, terrenos y fincas
- Destrucción de cultivos
- Extorsión
- Sabotaje
Según un estudio presentado por CAMAGRO Y CABI los grupos invasores ya no solo buscan apropiarse de fincas sino invaden casas, terrenos, condominios, bodegas y diversos patrimonios e inmuebles.
El Ministerio Público ha recibido denuncias en el período comprendido entre el año 2015 al 2019 más de 11 mil denuncias por los delitos de usurpación, usurpación agravada, usurpación de áreas protegidas.
Los invasores han aprovechado de la situación de la pandemia por COVID-19 en Guatemala para usurpar propiedades privadas en el país en Alta Verapaz e Izabal. El desalojo representa por lo menos Q1 millón de pérdidas para los propietarios.
