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Nace propuesta para que sociedad civil sea escuchada en el Congreso

13 octubre, 2017 Marcela Lopez Galvez

La diputada del bloque Alianza Ciudadana (AC), Sofía Hernández, presentó a Dirección Legislativa una propuesta para el fomento de las actividades de organizaciones de sociedad civil.

La propuesta, presentada el 13 de de octubre tiene como fin, la modificación de la  Ley Orgánica del Organismo Legislativo, para  crear una nueva comisión que se dedique específicamente a canalizar las demandas de sociedad civil.

Hemos visto como los representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil van de un lado a otro tocando puertas para poder ser escuchados. Consideramos que ellos deben tener una participación activa e incidente, por lo que consideramos importante que exista una comisión de esta índole”, indicó  Hernández.

 

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Foto: Fabricio Alonzo.

Según la parlamentaria, este es un paso para que las demandas que se han escuchado en las calles puedan llegar con críticas propositivas ante el más alto organismo de representación del Estado, «el parlamento hondureño, ya cuenta con una Comisión de Sociedad Civil esta es presidida por la diputada Welsy Vásquez  y ha mejorado el contacto entre ciudadanía y diputados», explicó.

Dentro de la iniciativa  se establece que la  comisión debe contar con un integrante de cada uno de los bloques que existen dentro del Congreso

Los diputados ponentes fueron Daniel Bernabé Portillo, Karla Martínez y Francisco Tambriz, todos de AC.

Un Congreso más alerta

Esta iniciativa surge posterior a que el 15 de septiembre, cientos de guatemaltecos acudieran al Congreso de la República, a pedir la renuncia de más de 100 diputados, que dos días anteriores habrían aprobado dos decretos lesivos al código penal.

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Diferentes cuerpos de seguridad estuvieron presentes alrededor del congreso para apoyar el ingreso de diputados el 15 de septiembre / Foto: Fabricio Alonzo

Durante las más de cinco horas que los congresistas permanecieron encerrados, la protesta se intensificaba al no ver que estos dimitieran de sus cargos ante el denominado «pacto de corruptos».

Esto debido a la aprobación de inmunidad  que se recetaban para posibles señalamientos por delitos electorales y los más de 400 delitos entre seguridad, abuso y criminalidad común que podrían ser conmutables.

 

 

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