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No hay prosperidad sin derecho

1 abril, 2017 Eduardo Mayora

No hay otra solución para ponerle fin al “mercado de los abusos” que promulgando las reglas que doten al Poder Judicial de los medios para hacer valer el derecho. 

Si uno se pregunta sobre la “esencia” de lo ocurrido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, creo que hay una palabra, más que cualquier otra, que define qué “es” lo que ahí pasó. Y esa palabra es “abuso”.

De las víctimas, tanto de las mortales como de las que sobrevivieron a la horrible tragedia, abusaron muchas personas de muchas maneras, en algunos casos, por mucho tiempo. No hace falta imaginarlo, ahí están los testimonios de las víctimas sobrevivientes, de sus padres, de las autoridades que, dándoles el beneficio de la duda, denunciaron algunos de esos abusos. Los medios de comunicación social, por su parte, día a día presentan una sociedad y un régimen político, el de Guatemala, en el que el abuso es la regla y no la excepción.   

Abusan los sindicatos y los funcionarios que suscriben pactos colectivos con términos y condiciones leoninas para el Estado; abusa el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y otros grupos que, a fuerza de actos de coacción, usurpan diariamente el fluido eléctrico por millones de quetzales; abusan los contrabandistas de un régimen aduanero que pareciera que funciona para atrapar a los que cumplen; abusan los que bloquean caminos e infraestructuras para promover sus intereses; abusan los que tienen el caudal político para promover privilegios legislados o exonerarse de las cargas y obligaciones que todos los demás deben soportar; abusan los mareros extorsionistas de todos los desamparados por “su gobierno”; abusan, en fin, todos los que han descubierto que el Estado de Guatemala no se ha organizado para hacer valer leyes generales y de igual aplicación para todos, sino para gestionar una suerte de “mercado de cuotas de poder”.  De “poder de abusar”.

Pero el problema no termina ahí, sino que se extiende a la dimensión del “cinismo”. En efecto, muchos de los grupos que abusan reclaman que todos los demás, menos ellos, dejen de abusar del sistema. Pretenden, pues, que la sociedad reconozca como “legítima” la cuota de poder de abusar que hayan conseguido. Como sentenciaba el gran Bastiat: desgraciados los pueblos en los que todos son expoliadores de todos.

No hacen falta muchas luces para entender que una sociedad basada en un mercado de cuotas de poder de abusar, no puede prosperar. En un mercado basado en el intercambio de derechos legítimos –y no de cuotas de poder de abusar– todas las partes ganan. La que recibe un precio a cambio de los derechos que transmite, carece de los medios para hacerlos más fructíferos y por eso acepta el precio. La parte que lo paga sí que sabe cómo sacar mayor provecho de esos derechos y, por eso, paga el precio. En el mercado de los abusos, necesariamente una de las partes –las víctimas– sale perdiendo. Para que haya un ganador en el mercado de los abusos, tiene, necesariamente, que haber perdedores y, de ese modo, es imposible que una sociedad pueda desarrollarse.

No hay otra solución para ponerle fin al “mercado de los abusos” que promulgando las reglas constitucionales que doten al Poder Judicial, de verdad, de los medios para hacer valer el derecho. Para instaurar “el imperio del derecho”. Esas reglas no existen en la Constitución de Guatemala actualmente y, si bien la propuesta para reformarla presenta aspectos discutibles y, en algunos puntos, errores crasos (como la evaluación bianual de los jueces y magistrados de carrera, como si fueran ejecutivos de ventas), opino que sería un primer paso en la dirección correcta.

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