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No más vieja política en educación

21 julio, 2017 Maria del Carmen Acena

“Otorgar el aumento salarial a los maestros o firmar un pacto colectivo sin una política salarial específica y sin definir el futuro de los pactos en el gobierno sería nefasto”.

La educación y la nutrición son los elementos más importantes para el desarrollo de una nación. La inversión en el recurso humano será la clave para el éxito. Estamos devastados por tanto caso de corrupción, y la solución vendrá con una estrategia de mejora de los servicios públicos.

La semana pasada se anunció que habría un aumento salarial de 11 por ciento –por tres años seguidos– para los maestros, luego de que el presidente Jimmy Morales; el ministro de Educación, Óscar Hugo López; y el sindicalista Joviel Acevedo, se reunieran en Izabal. Preocupa esta noticia, debido a que si algo hemos aprendido es que los empleados públicos deben contar con un sistema de mérito, tanto para su reclutamiento, como para su mejora salarial.

En los últimos años se hicieron esfuerzos para cambiar el sistema de reclutamiento y selección de los maestros –por contrato (021) y por plaza (011)–, para escoger a aquellos con las mejores competencias, capacidades y vocación. A partir de los Acuerdos de Paz, se logró la cobertura casi universal de la primaria, gracias al Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE) y se inició un proceso de reforma curricular para lograr calidad en el aula. También se presentó una iniciativa para crear la carrera docente y se reformó el currículo de las escuelas normales.

Luego, fue modificada la formación inicial de los maestros, pasando su preparación a nivel universitario. También se reguló el proceso de oposición para la selección y nombramiento docentes en los niveles de preprimaria y primaria. Sin embargo, el año pasado fue modificado el acuerdo, indicando que los maestros incluidos en la nómina de elegibles, que no hayan obtenido en la prueba diagnóstica un resultado menor a 60 puntos, pueden ser reclutados. Disposición que permite contratar maestros sin excelencia académica.

Los docentes son los únicos empleados públicos que cuentan con un sistema de escalafón, con el cual, en teoría, cada cuatro años son evaluados y según su desempeño, se les otorga un aumento salarial.

La forma como avanzaron los pactos colectivos en el gobierno del Partido Patriota causó por un lado, problemas financieros al Gobierno y por el otro, quitaron todo incentivo a los buenos trabajadores. En el caso de Educación, el primer pacto colectivo se firmó en el 2008, en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Era un pacto que concedía aumentos según la disposición presupuestaria. Sin embargo, en 2013 se firmó otro que concedía incrementos al salario base por 8 por ciento el primer año, 10 por ciento el segundo y 12 por ciento, el tercero. Esto sin ningún esfuerzo y ahora, la calidad educativa está estancada.

Los guatemaltecos aclamamos una “nueva política” desde la plaza. Deseamos un servicio civil profesional, empleados públicos de mérito y eficiencia del personal. También demandamos revisar los pactos colectivos y crear un sistema donde si bien existen los pactos, estos no van a arrasar las leyes relacionadas con el servicio civil y el presupuesto.

Otorgar el aumento a los maestros o firmar un pacto colectivo sin una política salarial específica y sin definir el futuro de los pactos en el gobierno, sería nefasto. Es un pésimo mensaje para ministros valientes como la de Salud, que llevan un proceso de denuncia de algunos artículos del pacto. También provocaría que otros empleados públicos soliciten aumentos y terminaríamos con paros, concesiones y problemas financieros.

Según el ministerio de Finanzas, el promedio de la nómina de maestros representa alrededor de Q8 mil 544 millones al año. Un aumento del 11 por ciento, representaría Q940 millones adicionales para el primer año. En tres años gastaríamos Q3 mil millones más, sin resultados.

Sería mejor invertir en combatir la desnutrición, aumentar la cobertura de la preprimaria y secundaria, y en programas para que los alumnos mejoren su aprendizaje. Exijamos políticas de mérito, excelencia y calidad. Los ministerios de Educación y Salud no deben ser botines para los funcionarios de turno; necesitamos sistemas estrictos de reclutamiento, evaluación de personal y remuneración por resultados.



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