Alfredo Romero, director-presidente de la organización no gubernamental que brinda asistencia jurídica pro bono a personas detenidas de manera arbitraria en Venezuela, aseguró que se trata de “una noticia falsa”.
“A los efectos de abrir una oficina de la fiscalía de la CPI se requiere una serie de procesos no solo administrativos sino protocolares, formales que no han ocurrido y en el momento que eso ocurra, consideramos que es la fórmula regular habría una noticia confirmada y formalizada por la propia fiscalía de la CPI”, dijo en un video divulgado en sus redes sociales.
Delsa Solórzano, diputada del Parlamento de 2015, coincidió con el Foro Penal en que la oficina no ha sido instalada y aseguró que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro busca “vender la matriz de opinión” de que ya la instalaron.
Además, recordó que el 16 de abril vence el plazo que la CPI otorgó al Estado venezolano para informar sobre la investigación que lleva a cabo sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
“La dictadura debe responder a @IntlCrimCourt este 16 de abril.
En Venezuela no hay posibilidad de hacer justicia por falta de independencia del poder judicial y complicidad de jueces y fiscales. Por ello, la CPI debe continuar con la investigación y sancionar a los responsables”, escribió en Twitter.
La semana pasada, la Coalición por los Derechos Humanos que defiende a diversos presos políticos aseguró que la oficina de la CPI “ya fue instalada en Caracas” y que “provisionalmente “estaría ubicada en el edificio del TSJ”.
Posteriormente, Ana Leonor Acosta, directora de la Coalición, agregó que miembros de la fiscalía de la CPI han estado trabajando en Venezuela desde que firmó un memorando de entendimiento con Maduro en noviembre del año pasado.
“Cuando hemos acudido a algunas audiencias no se han podido celebrar porque el expediente lo tiene la CPI (…) ellos han estado retirando, incluso con oficio, expediente de los tribunales”, declaró a NTN24.
Acosta reiteró que manejan la información que “de manera temporal y mientras se instalan en una oficina en Caracas, están trabajando desde el piso 5 del TSJ”.
Hasta el momento ningún organismo oficial ha hecho declaraciones que confirmen o desmientan las versiones.
A principios de este mes, en declaraciones conjuntas con Maduro durante una visita oficial que se hizo pública al término de la misma, el fiscal de la CPI, Karim Khan anunció que acordó con el Estado venezolano abrir una oficina de la fiscalía en Venezuela.
En noviembre del año pasado, la fiscalía de la CPI ordenó abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
Fuente: VOA
