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ONU/CICIG y la soberanía

10 marzo, 2017 Adrian Zapata

La agenda de la ONU es consensuada internacionalmente; la CICIG fue producto de un acuerdo Guatemala/ONU. Las embajadas representan los intereses de sus Estados.

De entrada sentemos como argumento inicial que el mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en general, y de las agencias que la conforman proviene de la voluntad colectiva de los Estados en el mundo; entre ellos, Guatemala. La principal agenda que la guía es la contenida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que fueron producto del consenso internacional. Las agendas particulares de las agencias también responden a acuerdos multinacionales, en los cuales nuestro país ha participado.

Sin embargo, en Guatemala, la ONU pareciera impulsar desproporcionadamente la agenda relacionada con la seguridad y la justicia –los ODS son más que ello–, con lo cual se alinea, diligentemente, con la correspondiente a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos.

Con relación a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo primero que debe decirse es que es producto de un ejercicio soberano, de una lucha de los guatemaltecos que decidimos acudir al apoyo de la ONU para superar la agobiante impunidad que nos consumía. Nadie nos la impuso.

El desempeño de la CICIG ha sido controversial. Fue don Iván Velásquez quien logró hacer efectivo su mandato y superar las veleidades de sus antecesores. Precisando y adaptando a la realidad dicho mandato, el comisionado le entró con contundencia al proceso de rescatar al Estado guatemalteco de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS) que han cooptado la institucionalidad, habiendo gozado para tan deleznable objetivo, de la impunidad institucionalizada.

La simpatía que goza don Iván por parte del “guatemalteco de a pié” es inmensa. Quienes se han visto afectados por sus acciones o aquellos que tienen el temor de serlo, resienten su presencia y quisieran que se marchara. Algunos lo dicen explícitamente y otros lo desean, pero no se atreven aún a expresarlo públicamente.

El descontento de esos sectores va creciendo y contagiándose a otros. La campaña para deshacerse de don Iván está clara, ya sea desatando abiertamente vientos que lo derriben o moviéndole el piso para que caiga. El presidente Jimmy Morales se precipitó otra vez cuando afirmó que si no había defendido a su hijo, menos lo haría por otras personas. Lo primero es cierto y loable, aunque era su deber el no intervenir, a pesar de la, a mi juicio, exagerada actuación procesal del Ministerio Público (MP) y el juzgado respectivo. Lo segundo debía haberlo hecho.

Dicho lo anterior en relación a la ONU y a la CICIG, es importante subrayar la diferencia que existe entre esas instituciones internacionales y las representaciones diplomáticas en Guatemala. Ellas representan, como es obvio, los intereses de sus respectivos Estados. Nuestro país puede o no coincidir con esos intereses, de manera estratégica o táctica. Es particularmente relevante el actuar de las embajadas de los poderes hegemónicos mundiales, máxime de aquellos en cuya “zona de influencia” nos encontramos, tal el caso de los Estados Unidos. Para aquellos cuyo entusiasmo se desborda ante las afortunadas coincidencias que tenemos ahora con ese país, hay que recordarles que eso no justifica la renuncia a nuestra soberanía y que la historia ha demostrado que las estrategias imperiales eventualmente dan giros.

La idea central que pretendo transmitir es que en Guatemala no es pertinente hablar de la invasión de nuestra soberanía en el caso de la ONU, aunque ciertamente pueden haber abusos por parte de algunos de sus funcionarios.

Y menos lo es en el caso de la CICIG, cuya existencia y mandato fue una reivindicación de la ciudadanía y un acuerdo tomado entre el Estado y la ONU. Lo aconsejable acá es que se tenga cuidado en, como dice el saber popular, “no quememos la casa para matar las cucarach

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