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Patos contra escopetas

14 julio, 2017 Estuardo Gasparico

Esta semana estuvo llena de nuevas sorpresas, pero ninguna de ellas aportó al bienestar de los guatemaltecos.

Cuando el cuerpo humano es invadido por algún virus, bacteria o cualquier otro microbio, de inmediato da señales de alerta que se manifiestan en fiebre o en intentos de expulsión de los elementos extraños, a como dé lugar.

Y cuando un país se dirige hacia la anarquía, también emite señales de alarma que normalmente consisten en el irrespeto a las leyes, el desafío a la autoridad legalmente establecida y la rebelión contra los intentos para restablecer el orden social.

Esto es lo que sucedió de nuevo esta semana.  Y digo de nuevo porque ya casi estamos acostumbrados a que cada quien hace lo que le da la gana, sin que casi nadie pueda impedirlo, como es el caso de los eternos bloqueos de carreteras, organizados cada ciertos tiempo por un tal Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) que, para comenzar, con sus acciones lo único que consigue es precisamente lo contrario:  entorpecer el desarrollo económico y social de la población.

Esta organización dijo que esta semana manifestó para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales, en otra ocasión argumentó que era para que se nacionalice de nuevo el servicio de energía eléctrica; y otras veces, por otros motivos “de interés nacional”.

Ante estos desórdenes anunciados, las entidades empresariales han solicitado amparos ante la Corte de Constitucionalidad y, en este caso, se lo concedieron a la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) con el requerimiento de que el Presidente de la República de Guatemala, el ministro de Gobernación y el Director General de la Policía Nacional Civil debían “…dictar las medidas necesarias para proteger los derechos de los habitantes que puedan resultar violados en las actividades anunciadas para los días 12 y 13 de julio del presente año en varios puntos del país…  así como asumir acciones de preservación del orden público, con el propósito de que los manifestantes no efectúen o mantengan bloqueos que impidan la libre acción, libre locomoción, la libertad de industria, de comercio y de trabajo…”.  En la resolución, también se apercibió a los denunciados de que si incumplían lo ordenado, incurrirían en las responsabilidades que prevé la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 

Hasta donde sabemos, los bloqueos entorpecieron la libre locomoción de los demás ciudadanos en al menos 15 tramos carreteros de todo el país, sin que nadie hiciera algo para impedirlo. Y fue hasta que los quejosos quisieron, a eso de las 2 de la tarde del miércoles, que comenzaron a quitar tablas con clavos y otros obstáculos.  ¿Y las autoridades? Bien, gracias. 

Otro caso emblemático fue ver al juez Miguel Ángel Gálvez, sentado en “el banquillo de los acusados” frente a la Junta de Disciplina Judicial, gracias a la denuncia que presentó un reo, quien se quejó de han pasado varios meses sin que se desarrolle una audiencia para resolver si le cambian la prisión preventiva por arresto domiciliario. 

La Junta desestimó el caso, pero lo grave es que la Supervisión General de Tribunales haya solicitado suspender al juzgador de sus labores, sin goce de su salario, dejando en suspenso muchos procesos contra la corrupción. Quizá ese era el objetivo.

Y por último, los diputados decidieron hacer “berrinche” y no van a sesionar, luego de que se les calculara su Bono 14 en menos de Q10 mil, que es su sueldo nominal y no por los Q30 mil o más a que están acostumbrados. 

Si no les gusta, podrían renunciar ¿no cree usted? Así nos harían un gran favor a todos los que pagamos los impuestos que se desperdician en pagar sus sueldos y prestaciones.  En fin,en este país todos los días “algún pato le quiere disparar a las escopetas”.

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