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Pensamiento, palabra, obra y omisión

14 marzo, 2017 Samuel Perez

Cometer cualquiera de estas faltas, de acuerdo con la doctrina católica, constituye un delito grave y, de morir sin confesión, el culpable se condena al fuego eterno. En Guatemala, el pasado 8 de marzo, vimos el trágico resultado de haber cometido errores en estas cuatro formas desde el Gobierno y desde la sociedad en general, pero el fuego no fue para nosotros, fue para niñas inocentes, las últimas en la cadena de culpa.

El caso no está esclarecido ni mucho menos, fue el resultado de una serie de opacos incidentes que, por desconocimiento o temor, las autoridades no han dado respuesta. Surgen preguntas que tan solo por un leve sentido de respeto por la dignidad humana debiesen ser las primeras en ser resueltas: ¿por qué estaban embarazadas?, ¿por qué nadie abrió la puerta? Lo que sí está claro son las consecuencias: 40 niñas muertas y contado.

Las preguntas sin respuestas intentan hallar salida en el simbolismo. Eran niñas que murieron quemadas un 8 de marzo, el día de la mujer, así como en 1911, en Nueva York, un incendio donde 123 mujeres murieron quemadas suscitó protestas que finalmente concluyeron en la creación de, precisamente, el día de la mujer. A diferencia de esas 123 mujeres, estas niñas no se encontraban trabajando, sino recluidas, simbólicamente, en el Hogar Seguro.

La culpa se agrava al considerar que las niñas no estaban allí por decisión. Estaban allí por una sociedad que ya les había fallado y que las condenó a un martirio que concluyó en un infierno. A partir de esto, se pueden esgrimir algunas consideraciones y puntos de inflexión que, de haberse hecho diferente, hubiesen evitado la tragedia. Por lo que vale hacer un juicio final en vida, a la luz de estas cuatro variables, y reconocer que de seguir igual gran parte de la sociedad, estamos condenándonos perpetuamente.

Hubo fallos de pensamiento. De haber tenido un poco de sentido crítico, quizá se hubiesen mitigado las absurdas campañas de desinformación que colocan a la Procuraduría de Derechos Humanos como la instancia que defiende a los delincuentes, y las denuncias hechas desde 2013 hubiesen podido implicar presión social para poner como el primer punto en la agenda nacional la atención de la precaria condición en los albergues de menores, que siguen desatendidos.

Hubo fallos de palabra. Palabras que hieren casi tanto como las quemaduras, palabras que colocan a las víctimas como responsables de los hechos. Las familias son instituciones importantes, pero no son instituciones infalibles, además, el sistema de atención a la niñez está por los suelos. Por lo tanto es injusto culpar a las familias de su propio suplicio. Pero lo más bajo de las palabras, lo ejemplifican quienes se mofan del dolor ajeno y reduciendo todo a un egoísmo exacerbado, y sin tomar en cuenta la complejidad del contexto, inducen que las familias afectadas lo que buscan es resarcimiento por abandonar a sus hijas.

Hemos fallado con obras que escapan a la sociedad, aunque inician con ella. El primer error fue otorgarles el beneficio de la duda a funcionarios con nula preparación para el cargo, resultó altísimo el precio a pagar para comprender que la duda no es ningún beneficio, y esto no involucra solamente al gobierno actual. Luego, es imperativo comprender que, al ser una dependencia del Estado, los hechos adquieren una dimensión política. La tragedia fue consecuencia de acciones, decisiones o inacciones políticas. Acciones que, aunque quizá lo involucren, trascienden al presidente, y que empiezan por considerar que Guatemala -la economía más grande de Centroamérica- es de las que menos invierte en niñez. Esto es resultado de acciones de política fiscal, ya sea desde el precario presupuesto que emana del Ejecutivo o las modificaciones desde el Legislativo. El descaro infrahumano llega cuando, en el Congreso, la acción próxima a la tragedia de las niñas, fue aprobar en segunda lectura una nueva ley de privilegios fiscales para terminar de saquear lo poco que queda de un Estado que apenas puede garantizar la vida de su niñez.

Y por último y quizá más importante, hubo fallas de omisión. Todo lo que el Estado ha dejado de hacer y que pudo evitar la tragedia. Empezando por que ellas no eligieron nacer en Guatemala, no eligieron nacer en la familia en la que nacieron. De haber un consenso leve acerca del rol del Estado es que este existe para corregir, al menos, las desigualdades de condiciones iniciales que nadie elige. La corrección de estas desigualdades implica intentar darles, a las personas que nacieron en un ambiente que impide su desarrollo, una vida digna, y no abusarlas sistemáticamente hasta terminar quemándolas. Esto agravado en el caso específico por toda la información que el presidente Jimmy Morales tuvo desde la noche anterior y omitió actuar, incluso, todos los reportes, informes y trabajos académicos que constantemente ponen en evidencia el problema y que no se tradujeron en políticas públicas urgentes para corregirlo.

Todo lo anterior quizá no constituya delitos más que morales, no obstante, debe hacernos reflexionar sobre cómo realmente la sociedad guatemalteca está en una crisis humanitaria constante, condenándose cíclicamente. Pequeñas bombas de tiempo, desde el Hospital Federico Mora, pasando por el Cambray II y recientemente el Hogar Seguro, son consecuencias de un Estado irresponsable, sin recursos y débil. Un Gobierno francamente incapaz tanto de actuar para evitar consecuencias graves, pero sobre todo de reaccionar correctamente ante las crisis. Y por último, de una sociedad inerte, usualmente indiferente y superficial.

Esto último lleva a una reflexión final. La caridad como mecanismo de respuesta ante las tragedias es una acción digna y humana, pero no resuelve las tragedias, tan solo las mitiga. Hay una gran cantidad de albergues hacinados en el país, es cuestión de tiempo para que una nueva crisis ocurra si no se toman las medidas necesarias, empezando por las medidas fiscales, que garanticen recursos que permitan inversión para una vida digna (y no, esto no es solamente porque se roban los recursos, realmente hay muy pocos).

Este caso realmente duele, más allá de acompañar un luto colectivo, sabiéndome parte de esta sociedad, y aunque reconozca que la oposición crítica, al ser marginal, limita la incidencia, pido perdón a las niñas, sus familiares y a las que siguen siendo sistemáticamente abusadas. Ante tantos sistemas fallidos, por el país que queremos, es un imperativo ético involucrarse y tomar acción.

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