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Pluralismo más allá del jurídico

14 febrero, 2017 Samuel Perez

Las propuestas de reformas constitucionales al sector de justicia impulsadas en sus inicios por el consorcio entre URL, ASIES y USAC, y retomadas recientemente por la CICIG, han implicado reacciones diversas de los grupos de presión, mostrando claros antagonismos entre las posiciones. Este debate binario es frecuente y más intenso cuando los temas implican modificaciones a los sistemas que podrían limitar algunos privilegios de grupos acomodados con gran incidencia en el proceso de formulación de políticas públicas, como las reformas tributarias o agrarias. Ahora bien, el rechazo a las reformas constitucionales implica un motivo más profundo que va más allá de simplemente modificar el sistema de justicia y que encuentra su detonante en el hecho de haber incluido el pluralismo jurídico en las reformas.

Es claro que el sistema de justicia ha tenido inconvenientes serios y, desde las reformas de inicios de los 90, se ha visto agravado. Esto se hace evidente, por ejemplo, con los problemas en las altas esferas de las autoridades judiciales o el corporativismo en las comisiones de postulación. Ahora bien, a pesar que la propuesta de reforma es integral y abarca ramas tan diversas como el derecho administrativo o el derecho consuetudinario, ningún otro tema como éste último ha implicado una gran desconfianza (en el mejor de los casos) y posiciones radicales de rechazo absoluto, incluso con proliferación de páginas anónimas de propaganda y desinformación. Esto se debe a que, más allá de los argumentos jurídicos, tiene que ver con relaciones socioeconómicas y de poder.

El pluralismo jurídico ha trastocado, desde la perspectiva del derecho, los cimientos de un sistema de concentración y exclusión que nos debe hacer pensar más allá de los distintos sistemas de justicia y sus posibles formas de aplicación. Esto tiene que ver más con el reconocimiento de una sociedad plural en su acepción integral y no solo jurídica.

El Estado de Guatemala se constituyó en la época colonial desde la perspectiva europea occidental, y la lógica no ha cambiado a través del tiempo. No obstante, se constituyó en un territorio diverso, con una sociedad plural, con lógicas, conocimientos, sistemas y, en general, una cultura diferente, y por lo tanto, las instituciones heredadas no han sabido dar respuesta a la mitad de la población guatemalteca, en su mayoría indígena, que vive en condiciones de pobreza y miseria. Esto implica una pugna constante entre los diversos pueblos que cohabitan en el mismo territorio y que no se soluciona con la imposición de sistemas bajo la premisa de una sociedad homogénea y con argumentos chovinistas.

Esto implica no solo el hecho de cuestionarse si es necesario que el sistema jurídico occidental sea el que tenga que reconocer a los demás sistemas, sino que trasciende las concepciones legales e implica retomar las consideraciones que José Carlos Mariátegui hacía a principios del siglo XX, cuando mencionaba que “todas las tesis sobre el problema indígena, que ignoran o eluden a éste como problema económico-social, son otros tantos estériles ejercicios teoréticos (…) condenados a un absoluto descrédito”.

Esto pareciera dar luces de por qué el pluralismo jurídico pareciese no solo ser insuficiente, sino que también incomprensible, al asumirse de forma aislada de sus raíces económico-sociales. No es suficiente el reconocimiento vertical desde los sistemas occidentales hacia el conocimiento y los sistemas de los pueblos originarios, sino desde una perspectiva horizontal, de comprensión que no implique preponderancia de un sistema que debe reconocer al otro, sino dos sistemas que deben coexistir en el mismo espacio y que no son solamente sistemas de justicia, sino que conlleva la fundación misma del Estado.

Lo que está de fondo con el rechazo al pluralismo jurídico es que su reconocimiento implicaría el reconocimiento no solo del sistema de justicia, sino que abriría la puerta para permitir que los pueblos, explícitamente excluidos, puedan cobrar fuerza en sus constantes demandas de sistemas económicos, políticos, sociales o culturales desde sus saberes, más allá de la imposición occidental.

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