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Poder arbitrario

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5 octubre, 2018 Carroll Rios

El gobierno de Jimmy Morales prohibió la entrada al país al comisionado Iván Velásquez el pasado 3 de septiembre, desatando una pelea mediática e interminables discusiones legales entre los amigos del presidente y los amigos del comisionado. Los ciudadanos, asqueados y confundidos, percibimos que se juegan nuestro futuro: sí importa el resultado de la pugna.

La mayoría de los comentaristas condenan la arbitrariedad. Estamos de acuerdo: el abuso arbitrario del poder atenta contra del estado de Derecho, torna impredecible la convivencia social y desalienta la inversión y el crecimiento económico. Algunos califican esta y otras decisiones presidenciales como aventadas, mientras otros dicen que la trayectoria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y los fallos de la Corte de Constitucionalidad (CC) son arbitrarios.

Un acto arbitrario es un acto reñido con la lógica, la razón o las leyes; el actor se deja llevar por capricho y no por principio. Un déspota o dictador es casi, por definición, caprichoso en su proceder, pues suele no tener que consultar su opinión ni dar cuentas de sus decisiones. La solución a este problema, surgida en Occidente, es una Constitución que deben respetar por igual los gobernantes y los gobernados. De esta forma, se reducen la inestabilidad y los desvaríos en el ejercicio del poder.

¿Quiénes gozan de poder discrecional en el sistema político guatemalteco? Aparentemente, ni los funcionarios del Organismo Ejecutivo ni los legisladores pueden hacer todo lo que se les antoja. Su proceder es limitado por la Constitución y las leyes específicas. Además, deben negociar y llegar a compromisos, son censurados por los votantes, son fiscalizados por el Procurador de los Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad, y responden a las “sugerencias” de personajes extranjeros, sobre todo aquellos representantes de países donantes.

En contraste, la Corte de Constitucionalidad, por diseño y en la práctica, parece colocarse por encima de la Constitución. Un amigo abogado afirmó que “nuestra Constitución quiere decir lo que los magistrados de la CC digan que dice”. Tuvo que repetirlo para que me calara. El tener una Constitución, que además es desarrollada y extensa, no nos libra del capricho, en tanto requerimos constantes interpretaciones de los mandatos constitucionales a cinco (o siete) magistrados. Los magistrados de turno pueden contradecir a los magistrados que les antecedieron. Deben decidir sobre tópicos tan variados como las tasas de alumbrado público, la calidad de los medicamentos, si Sandra Torres puede o no ser candidata, si una minera puede operar y más. Aun si el criterio de los cinco magistrados fuese siempre objetivo y predecible, también obran arbitrariamente cuando eligen entre dilucidar una cuestión o no. Además, aunque en teoría la CC debe alejarse del vaivén político, dado que los magistrados son designados por grupos sectoriales, es realista esperar que tengan ciertos compromisos o lealtades hacia el sector que representan. Y, como son personas de carne y hueso, llevan al cargo sus preferencias personales en materia política.

Lo mismo ocurre con la Cicig. El informe “Cicig y el imperio de la Ley”, publicado en internet por Liga pro Patria, ProReforma, ISN y Guatemala Inmortal, analiza varios casos que ilustran la justicia selectiva e ineficiencia del organismo internacional. Las inclinaciones ideológicas de Velásquez son conocidas. El informe concluye que “la Cicig ha minado la independencia y certeza jurídica de Guatemala”.

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