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Presidente Giammattei sanciona la Ley de Emergencia para la Atención de la Pandemia COVID-19

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Aunque se trata de una ley de emergencia, el presidente de la República, Alejandro Giammattei, se tardó una semana para firmar y sancionar la Ley de Emergencia para la Atención de la Pandemia COVID-19

Entra en en vigencia desde este martes hasta el 31 de diciembre, con excepción en la contratación de personal de salud que estará vigente hasta el 31 de marzo del 2022.

Con esta ley, el Congreso aprobó tener normas para agilizar compras y Contrataciones en el Ministerio de Salud Pública, para lo que la cartera de Salud tuvo una ampliación presupuestaria de mil 800 millones de quetzales para que cubra los gastos y atender la emergencia sanitaria. Además, el personal de salud recibirá un bono de riesgo de 2 mil quetzales.

También se logró un artículo que incrementa las Becas Estudiantiles otorgadas a estudiantes de medicina que prestan sus servicios para atender la emergencia del COVID-19 y que realizan sus prácticas en los diferentes niveles de atención en salud.

La beca deberá ser equivalente al monto del salario mínimo para trabajo no agrícola y otorgarse con la readecuación presupuestaria antes explicada.

El pasado 13 de septiembre, fue cuando el Congreso aprobó con 137 votos el decreto que permite al Ministerio de Salud y el IGSS agilizar compras para atender la pandemia, así como contrataciones de personal.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) deberá nombrar comisiones de auditoría para verificar y fiscalizar las compras que se hagan en todo su proceso.

Además, el IGSS y Salud estarán obligados a remitir informe de todas las compras que realicen al Congreso, a la instancia de Jefes de Bloques, a la Comisión de Salud y Probidad, a la CGC y a la Comisión de Transparencia.

Y se creará un programa presupuestario denominado Ley de Emergencia Nacional para la Atención de la Pandemia COVID-19 que registre todos los gastos y puedan ser fiscalizados por la población.

Con la ley, el Congreso autorizó el inicio de la vacunación de menores de 12 a 17 años, a quienes se les debe de garantizar la conclusión de su esquema completo

 

 

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