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Privilegios fiscales: pugna de poderes

21 febrero, 2017 Samuel Perez

En el Congreso de la República hay ya varias iniciativas, con riesgo de convertirse en ley, que permitirían de diversas formas y bajo múltiples justificaciones, desfalcar lo poco que queda del Estado en materia fiscal por medio de reducción de impuestos a sectores específicos. Pero, contrario a los argumentos de los impulsores, estas iniciativas más que responder a estrategias de desarrollo económico o aumento del empleo, no son más que la consecuencia directa de haber asumido un alto riesgo moral que desembocó en una pugna de poder entre sectores económicos.

En principio, es importante reconocer que no es inusual que existan iniciativas de ley que busquen otorgar privilegios fiscales a grupos específicos en Guatemala. De hecho, el Estado en materia fiscal ha sido construido a partir de la incidencia de grupos de presión, principalmente económicos, que por medio de diferentes mecanismos han mantenido la carga tributaria entre las más bajas del mundo. Estos mecanismos, de acuerdo con ICEFI, han ido desde adjudicaciones de contratos estatales y socialización de costos privados, hasta la adecuación de la política fiscal para aumentar utilidades. Esto último en específico por medio de legislación que ha permitido incentivos o privilegios fiscales a sectores particulares.

Es necesario reconocer, por otro lado, que muchos países desarrollados han alcanzado altas tasas de crecimiento económico por medio de la promulgación de estrategias que incentiven sectores específicos, principalmente industriales, por medio de reducción de impuestos. No obstante, a diferencia de Guatemala, estos países lo han hecho dentro de un marco temporal y bajo una estrategia de desarrollo que ha implicado políticas económicas que los grupos económicos en Guatemala no permitirían y que van más que simplemente reducir impuestos a la industria.

En Alemania, por ejemplo, se acompañó la estrategia con legislación que obliga a que la mitad de los integrantes de las juntas directivas de las corporaciones se integren con miembros del sindicato. Mientras que en Corea del Sur el plan fue acompañado con medidas que propiciaran la igualdad incluyendo incluso una reforma agraria. El resultado en ambos casos ha sido exitoso.

Ahora bien, en Guatemala la estrategia ha sido miope y más que intentar reducir impuestos a sectores para incentivar la inversión o aumentar las tasas de empleo dentro de una estrategia integral, no ha sido más que el otorgamiento caprichoso de privilegios fiscales a sectores específicos que han provocado altas distorsiones económicas y estructuras de mercado ineficientes, pero que además ha desencadenado una pugna entre estos sectores.
El detonante de esta pugna fue la aprobación y ampliación de la ley de maquilas. Esta legislación improvisadas, aislada, sin justificaciones técnicas ni indicadores que permitan evaluaciones a través del tiempo, lo único que ha logrado es que ante la facilidad con la que fue aprobada, otros sectores se atribuyan la cima de la pirámide moral argumentando una supuesta función social en materia de empleo, que les permite incentivos para demandar una ley ad hoc para exonerarse del pago de impuestos.

El riesgo moral de haber permitido privilegios fiscales a un sector específico sin justificaciones válidas que respondiesen a un plan de desarrollo económico integral, ha desencadenado una lucha de poder entre sectores que compiten por maximizar sus utilidades a través de reducir sus obligaciones fiscales. Pero además, abrió el camino para que mientras menos sectores paguen impuestos, el Estado de Guatemala tenga cada vez menos recursos para brindar los servicios públicos mínimos para una sociedad digna.

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