La pandemia de COVID-19 provocó que le organismo judicial desde junio pasado iniciará con la implementación de audiencias vía videoconferencia, misma que se ha oficializado esta semana con la publicación del reglamento.
Desde junio pasado, ante la suspensión de actividades judiciales por la pandemia de COVID-19 el organismo judicial autorizó que ciertas judicaturas pudieran realizar audiencias vía videoconferencias. En aquel momento un plan piloto incluía únicamente 5 juzgados, con el pasar del tiempo más de 50 judicaturas de diferentes ramas se han unido al sistema.
Según el acuerdo 35-2020, el Organismo tiene la obligación de modernizar sus sistemas informáticos a tecnología de vanguardia para agilizar procesos.
De acuerdo al reglamento, toda audiencia debe ser de buena fe y lealtad procesal, deben tener el consentimiento de todas las partes procesales para realizar la misma.
Tanto fiscales, como querellantes y defensores deben poseer un casillero electrónico para recibir las notificaciones de los procesos que litigan, un dispositivo electrónico que reúna las características mínimas para participar de las audiencias por esta vía, así también la capacidad de internet necesaria para evitar interrupciones y un lugar para realizar la transmisión.
Si en dado caso, una falla en la transmisión se produce en la sede del tribunal, el juzgador podrá decidir si se graba de nuevo o bien fija una nueva fecha para realizar la audiencia.
En el caso del organismo judicial, se ordena al centro de informática y telecomunicaciones, designar al personal responsable y capacitado para atender las audiencias requeridas por los jueces, grabar en su totalidad y resguardar el contenido fidedigno de la audiencia, poner a disposición del juzgado y de los usuarios un mecanismos de apoyo de preferencia una línea telefónica que brinde solución ante cualquier problema técnico.
Dicho reglamento comienza a tener vigencia esta semana para aplicación de aquellos juzgados que necesiten usar esta herramienta para llevar a cabo sus audiencias y evitar seguir acumulando procesos que quedaron detenidos desde el inicio de la pandemia.
