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¡Qué fácil es destruir!

31 agosto, 2018 Carroll Rios

Un reportaje en la sección de inversión de un diario, firmado por Lorena Álvarez, afirma que la suspensión del proyecto minero de San Rafael y la incertidumbre política son dos de los “principales factores que lastran el índice de la actividad industrial.

”Cada vez  vemos más comentarios subrayando la innegable realidad: todos los guatemaltecos, y no solo los inversionistas, cargamos con elevados costos económicos debido al activismo político, legal y judicial con tendencias anti-minería, anti-hidroeléctrica, anti-plástico, anti-industria, anti-palma, anti-capitalismo, y todos los demás “antis”.

El artículo de Álvarez cita al economista Paulo de León, de Central American Business Intelligence (CABI), y al presidente de la Cámara de Industria, Juan Carlos Tefel. El primero estimó que los fallos judiciales desde el 2016 han provocado una pérdida del 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Tefel sentencia que no se puede reactivar la actividad industrial, a menos que “el sistema de justicia dé señales claras para las inversiones…”

El ahorro, la visión, la planificación cuidadosa y las agallas están detrás de toda inversión empresarial. Montar una industria requiere de trabajo arduo por parte de muchísimas personas. La posibilidad de utilidades futuras, que vendrán meses más tarde, motiva este esfuerzo. La inversión puede fracasar, pero idealmente creará riqueza, no solo para los dueños del proyecto, sino también porque su iniciativa abre las puertas a nuevos emprendimientos relacionados. Alrededor de una nueva fábrica suelen surgir tiendas, comedores y otros comercios que antes no hubieran sido factibles.

Dicha actividad creativa puede ser entorpecida con pocos recursos. El acceso a una planta puede ser bloqueada por un puñado de manifestantes que solo deben comprar pasamontañas, tablas y clavos. Una mente más criminal usa armas para invadir violentamente una propiedad privada, como ocurrió hace años en la hidroeléctrica de San Mateo Ixtahuacán, Huehuetenango. Otra estrategia involucra el uso del sistema judicial: al obligar a los empresarios a invertir fuertes sumas en equipos de abogados defensores para afrontar interminables procesos legales, efectivamente deprimen al inversionista y pueden hacerlo quebrar. Una cuarta artimaña consiste en usar la legislación y la tramitología para frenar la producción.

Algunos de los destructores de riqueza dicen enarbolar nobles ideales: la protección del ambiente o los pobres. Aquellos afines al socialismo buscan abolir los mercados y la propiedad privada. “El oro no se come,” afirmaba una valla hace un tiempo. ¿Realmente creen que ahuyentar a las inversiones mineras resolverá los problemas del hambre y la pobreza? ¿Cómo vamos a resolver estos problemas económicos sin recursos y sin producción?

El claro mensaje de los destructores de riqueza es: “Ni se le ocurra montar un negocio en Guatemala, porque las autoridades cambian las reglas del juego, rescinden permisos, y exigen mil y un trámites antojadizos. ¡Olvídese de las garantías constitucionales a la propiedad, a la libertad y a la presunción de inocencia!”

Y el inversionista, el creador de riqueza, llevará sus sueños y sus proyectos a otras tierras donde el estado de Derecho se hace valer. Con tristeza lo seguirán guatemaltecos productivos. Y quedarán los pobres y los destructores de riqueza, atrapados en el subdesarrollo, la violencia y la inestabilidad institucional. Porque el socialismo no se come.

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