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¿Quién construye el Estado de derecho?

1 septiembre, 2017 Carroll Rios

A los guatemaltecos nos toca institucionalizar el Estado de derecho. ¿Quién está con nosotros: Jimmy Morales, Iván Velásquez o ninguno de los dos?

La defensa del Estado de derecho motiva los actos del presidente Jimmy Morales y del abogado colombiano a cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez. Ambos acusan al otro de poner en entredicho el Estado de derecho.

Los guatemaltecos no queremos gobernantes notoriamente corruptos, por eso perdieron la elección Sandra Torres y Manuel Baldizón, y ganó el candidato con el lema “Ni ladrón, ni corrupto”. Tampoco soportamos a un comisionado endiosado. Nos choca que poderosos embajadores y diplomáticos ordenen a nuestros diputados votar como ellos indiquen, y que destruyan las carreras y la reputación de cualquier político, juez, empresario o periodista que les resulta antipático. Esos extranjeros no son ángeles, cuyo único anhelo es el bienestar de Guatemala: tienen agendas personales, ideologías, pecados y lados oscuros.

Otra lección asimilada es que la situación política no se va a componer con despedir al presidente y vicepresidente cada cierto tiempo, saltándonos los mandatos electorales simplemente porque el de turno defrauda nuestras románticas expectativas. Algunos intelectuales sueñan con destronar a Morales, efectuar un golpe técnico y hacerse del timón nacional, pero ellos también estarían sujetos a incentivos perversos. No existen estadistas perfectos, incorruptibles y sabios…

Queremos establecer un Estado de derecho que nos proteja de los abusos cometidos por cualquier persona, guatemalteca o extranjera, asida de poder. Friedrich A. Hayek explica que en un Estado de derecho (State of Law) efectivamente limita el poder gubernamental y protege al ciudadano. Cuando se vive bajo el Estado de derecho, el Gobierno no coacciona al individuo excepto para obligarlo a respetar una ley conocida.  Este no es un simple requisito de legalidad, ya que si una ley diera rienda suelta al gobernante, todos sus actos serían legales pero no encajarían con dicho ideal. En cuanto colocamos a un gobernante o a un comisionado por encima de la ley, debilitamos el Estado de derecho. El Estado de derecho es más que legislación y más que constitucionalismo: es someter la ley y el orden público, a ciertos principios.

Entre los principios subyacentes podemos mencionar que las leyes deben ser aplicadas a todos por igual, sin discriminar, y que nadie puede ser perseguido por un acto que no haya sido previamente declarado criminal. También es importante la separación de los poderes gubernamentales; los tres poderes deben gozar de independencia real.

El ideal del gobierno constitucional, se sustenta en dos premisas entrelazadas.  Primero, todas las acciones públicas y privadas deben estar sujetas a normas generales, abstractas e impersonales. Segundo, los ciudadanos no están obligados a respetar una norma que no sea de este tipo.   

Para vivir en un Estado de derecho, no basta con tener una constitución de principios, aunque una mala constitución (desarrollada) indudablemente obstaculiza la obtención de este fin. Una constitución, escrita o no, vale por la forma en que se interpreta y se vive.  El documento escrito puede o no coincidir con la constitución “real”.   

No se puede imponer el Estado de derecho por decreto o coerción. Dicho sistema prevalece cuando la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, observa las reglas del orden social.

La batalla campal por el poder absoluto o arbitrario en Guatemala, nos perjudica tanto como la corrupción. Imaginamos escenarios pesimistas sin o con Iván Velásquez; sin o con Jimmy Morales. Pero nuestra querida Guatemala se irá al traste, si no logramos fortalecer las instituciones conducentes al establecimiento de un verdadero Estado de derecho.

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