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¿Quién es la nueva Ministra de Relaciones Exteriores?

27 agosto, 2017 Katerin Chumil

La recién nombrada Canciller de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, está siendo procesada por un caso de adopción ilegal. La próxima semana, la última de agosto, se decidiría si enfrentaría juicio o no por su presunta complicidad en el caso, según el Ministerio Público (MP).

Jovel asumió el cargo este domingo 27 de agosto luego de la restitución de Carlos Raúl Morales por parte el presidente Jimmy Morales. El texto que compartimos a continuación fue publicado originalmente en Contra Poder el 29 de mayo de 2016.

Fue un niño no deseado. El día en que nació, sus padres ya tenían planeado abandonarlo. Tres días después del nacimiento, el bebé encontró refugio en los brazos de una mujer. Ella, diplomática de carrera, con deseos de convertirse en madre, encontró en este niño el complemento para su vida. La historia, para ambos, parecía encauzarse a un final feliz, pero no fue así. El pequeño fue dado en adopción a otra familia y la que quiso ser madre terminó con los brazos vacíos y con la carrera y la vida desarmadas.

Esta mujer es Sandra Jovel Polanco, quien en febrero 2016 celebró su ascenso como viceministra de Relaciones Exteriores, después de 18 años de carrera diplomática. Tres meses después debió entregar su cargo acusada de adopción ilegal. La noticia llegó como una ráfaga. Habían pasado cuatro años desde que estuvo sujeta a una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual revisó adopciones irregulares. Cuatro años en que no recibió noticias, hasta el 17 de mayo cuando se giró su orden de captura.

Un anhelo fallido

La historia comenzó cuando Jovel intentó ser la madre de un niño desamparado. Era abril de 2010 cuando ella presentó una solicitud ante el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) para adoptar a una niña menor de cinco años. Semanas después, el 21 de julio de 2010, las enfermeras, médicos y personal administrativo del sanatorio Los Álamos, de la zona 1, se alertaron cuando una paciente que acababa de salir del parto aseguró que no quería a su hijo. Era fruto de una relación extramarital. Como en todos los casos de abandono, la Procuraduría General de la Nación (PGN) debió intervenir. Tres días después del nacimiento, el pequeño fue presentado ante el juez de turno Leonel Rodrigo Sáenz Bojórquez, a quien le correspondió resolver su futuro inmediato.

Jovel no explica cómo se enteró que el niño estaba en el juzgado, pero ese día ella, recién llegada de un viaje a El Salvador, se presentó para pedir que le permitieran darle abrigo temporal. Entonces se convirtió en madre de Maximiliano. Y empezaron los problemas.

La hipótesis del Ministerio Público (MP) es esta: el juez Sáenz se comunicó con su prima, Dominga Lissette Ordóñez Sáenz, asesora de cancillería y amiga de Jovel, para anunciarle que había un niño en espera de audiencia. Todo estuvo en pausa hasta que Jovel llegó. El juez no permitió que nadie del juzgado elaborara el acta del procedimiento, sino que la redactó él mismo en su computadora, para otorgar el abrigo temporal a una mujer de quien no existía registro en la Secretaría de Bienestar Social (SBS), la entidad que guarda el récord de estos casos.

A partir de 2008, con la ley aprobada, el proceso de adopción es más controlado para evitar el tráfico de niños. Entre los nuevos procedimientos, los jueces deciden si los niños abandonados son enviados con familiares cercanos, a un albergue estatal o con familias sustitutas (evaluadas y registradas), dispuestas a darles cobijo temporal.

Jovel nunca hizo el trámite para registrarse como familia sustituta. Surgió de la nada y ese fue el paso que provocó el primero de sus problemas. La maternidad le duró tres días porque, cuando el juzgado de Niñez y Adolescencia revisó el procedimiento, enmendó y retiró la custodia del niño. Al bebé lo enviaron a un hogar estatal.

Ivette García, defensora de la exviceministra, asegura que si el procedimiento hubiera sido ilegal, en ese mismo momento se hubiera abierto un proceso en su contra o contra el juez. Nada de eso ocurrió.

El nombre de Jovel no aparece en ningún documento relacionado con el niño, sino hasta febrero de 2012, cuando la PGN encontró a Maximiliano en su casa, en la zona 15. Para esa fecha el niño ya tenía casi dos años y, de acuerdo con orden judicial, debía estar bajo el cuidado de los esposos Mynor Edgardo Quintana Sánchez y Dominga Lissette Ordóñez Sáenz la asesora de cancillería y amiga de Jovel.

El MP asegura que Ordóñez y Quintana tenían todo en orden. Se registraron en la SBS, en un procedimiento extrañamente ágil, pero legal. En febrero de 2012, durante una verificación rutinaria, la PGN descubrió que el pequeño no estaba donde correspondía. ¿Cómo llegó la PGN a casa de Jovel en la zona 15? La sospecha es que vecinos alertaron sobre el niño. Jovel explica que tanto ella como su mamá mantenían al niño en su casa porque los esposos que lo tenían provisionalmente les pidieron hacerse cargo de él durante cinco días.

Dominga Lisseth Ordóñez Saénz, detenida la tercera semana da mayo. Acusada de ser el enlace clave para la adopción irregular del pequeño.

Pero para la PGN no era así de sencillo: fue un hallazgo que debieron informar a un juez. La notificación significó que, de nuevo, el niño fuera enviado a un centro de cuidado, junto a centenas de niños sin padres.

Un lío legal

La vida de Maximiliano ha estado marcada por la pelea de su custodia. La paradoja es que una mujer lo despreció y otra lo quiso acoger. La madre biológica fue condenada por abandonar al niño y la que quiso ser la sustituta lo perdió.

Jovel no peleó legalmente la pérdida del niño, sino su madre, Erica Polanco Castañeda. Después de que se lo quitaron, un juez se los devolvió bajo la figura de familia ampliada (que guarda parentesco o un vínculo de afinidad), pero de nuevo fue momentáneo.

El Consejo Nacional de Adopciones (CNA) recibió la orden judicial de dar al niño en adopción. A la madre de Jovel la citaron a una audiencia en 2013. Le pidieron al niño bajo el argumento de que sería sometido a una evaluación de rutina. Su sorpresa fue que ese día se lo quitaron para entregarlo a sus nuevos padres. Una pareja, médicos de profesión, que no podían tener hijos, era el nuevo hogar de Maximiliano. Entonces el pequeño tenía ya casi tres años.

La madre de Jovel alegó un procedimiento anómalo de la PGN cuando le quitaron por primera vez al niño y exigió que le permitieran ser considerada como adoptante, pero todo estaba en su contra. La regla en el CNA es que las familias sustitutas se deben preparar para “dejar ir” porque el principio de adopción establece que no se debe elegir al niño a adoptar.

Jovel, que había presentado su solicitud para adopción a principios de 2010, fue notificada en 2011 que su petición era rechazada, porque la encontraron “no apta” (no cumplía con todos los requisitos). Así que no podía ser madre ni de Maximiliano ni de los otros 339 niños que a la fecha esperan a que el Estado les asigne padres.

Jovel asegura que no ha cometido un delito, pero el MP responde que la investigación en su contra evidencia lo contrario: que primero usó el vínculo de amistad con la prima del juez para que la beneficiaran y luego, cuando una judicatura le entregó el niño a otras personas –su amiga y el esposo–, insistió en quedárselo. La Fundación Sobrevivientes y El Refugio de la Niñez, que presentaron el caso públicamente, recuerdan que en 2012 pidieron a la CICIG que investigara este hecho. La comisión y el MP elaboraron un expediente voluminoso, pero nunca lo presentaron ante los tribunales.

Tampoco lo archivaron. En octubre de 2015 la documentación fue trasladada a la fiscalía contra la Trata de Personas y entonces se reactivó. Jovel, su amiga Ordóñez y el esposo Quintana, están sindicados. Jovel por adopciones ilegales y la pareja de esposos por abandono de menores y desobediencia a una resolución judicial. Todos los delitos contemplan condenas menores de cinco años. En cuestión de dos meses se decidirá el futuro de los tres.

Mientras tanto, Jovel ha quedado desempleada y dedicada a defender su inocencia. “Criminalizan un acto de amor,” dice. Si cometió un delito “fue amar”, lamenta. En tanto se resuelve su situación legal, afirma que no volverá a intentar una adopción.

Sentada en la mesa de un café en la zona 10 de esta ciudad, en donde concedió una entrevista, escribe una y otra vez sobre una servilleta: “esto también va a pasar”.

 

Criminalizan un acto de amor,” – Sandra Jovel, exviceministra de Relaciones Exteriores y primera madre adoptiva de Maximiliano.

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