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Reforma, ¿para qué?

25 marzo, 2017 Carroll Rios

Las reformas políticas deben resguardar la libertad y los derechos básicos de todos los guatemaltecos, sin distinción. No deben requerir de la violencia destructiva.

Cuestionamos la capacidad de gestión y la honorabilidad de una clase política en crisis, pues prominentes funcionarios públicos y legisladores protagonizan millonarios actos de corrupción. Estos impactan negativamente en las instituciones públicas y en la sociedad guatemalteca. Poco sorprende que los principales bancos comerciales se rehusen a abrir cuentas a nombre de diputados o de partidos políticos. Los once presidentes y las ocho legislaturas que han gobernado desde 1986, dejan insatisfechas las expectativas colocadas en la semidiosa “Democracia”.

De ahí que broten demandas para destituir al gobernante de turno, depurar el Congreso y reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y la misma Constitución. Incluso hay quienes hablan de refundar la patria, de hacer borrón y cuenta nueva, para empezar con un lienzo blanco.

Si presenciara los pleitos entre guatemaltecos, sacudiría la cabeza un frustrado Edmund Burke (1729-1797), estadista Whig de origen irlandés. Datan de 1789-90 sus advertencias sobre la Revolución Francesa, escritas en forma de una larga carta dirigida al joven parisino Víctor Dupont, y luego convertida en libro. Entonces, imperaba un clima de ilusión. No se habían producido los largos años de turbulencia, ni el reinado del Terror liderado por Robespierre, ni se vislumbraba el Imperio napoleónico. Burke predijo muchos de estos males.

El sistema político es susceptible de mejoras, aceptaría Burke, pero no a toda costa… No ignorando la naturaleza humana y las tradiciones. “Así, preservando el método de la naturaleza en la manera de hacer funcionar el Estado, nunca somos del todo nuevos en aquellas cosas que mejoramos”, sentencia.

Creo que Burke nos aconsejaría salvaguardar los capítulos dogmáticos de la Constitución, que plasman nuestros derechos y libertades fundamentales. Esto lo entendieron bien Manuel Ayau y la Asociación ProReforma. Según Burke, la revolución incruenta o gloriosa que en 1688 aportó a Inglaterra la Declaración de Derechos e instauró la monarquía parlamentaria, “se hizo para preservar nuestras antiguas, indisputables leyes y libertades, y esa antigua Constitución de gobierno que es nuestra única garantía de ley y de libertad”. Las constituciones efectivas ponen límites generales, estables y longevos a quienes gobiernan. Burke lo expresa así: “El peso de la opinión pública contra quienes abusan del poder disminuye en la medida en que aumenta el número de estos”. Entre más desmanes ocurren, más difícil es frenarlos.

Con un cheque en blanco, cualquiera atropellaría los derechos ciudadanos: “En una democracia, la mayoría de los ciudadanos puede ejercer las opresiones más crueles sobre la minoría…; y… la opresión de la minoría se extenderá mucho más y será ejercida en una democracia con furia mucho mayor de la que jamás se haya oído decir que haya provenido de un monarca absoluto. Cuando la persecución es capitaneada por el pueblo, los individuos que la sufren están en la condición más deplorable que puedan imaginarse”.

Sospechemos, por tanto, de los grupos revolucionarios y violentos como el Frente Nacional de Lucha (FNL) y el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), entre otros, pues a su entender, los fines justifican los medios. Sospechemos de las minorías que dicen hablar por todos nosotros o siembran odio de clases. Sospechemos de legisladores que busquen aumentar la discrecionalidad y los linderos de su poder. Sospechemos de quienes desdeñan la tradición y quieren moldear un “hombre nuevo”. Ninguno de estos actores asigna prioridad a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad y, por ende, sus proyectos políticos ahuyentarán el desarrollo económico y social.

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