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Relevos institucionales

7 julio, 2017 Christians Castillo

Cada vez que se vence el plazo de un buen funcionario, la angustia emerge en quienes ponen su confianza en las personas, antes que en las instituciones.

La democracia como régimen político, en sociedades con incipiente desarrollo de la cultura política, es reducida a su componente procedimental encargado de eventos electorales, para seleccionar autoridades del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y poder local –alcalde y Concejo Municipal–, en el caso guatemalteco.  No obstante, el poder en las repúblicas tiende a estar distribuido de maneras tan dispersas, que el relevo del universo de quienes deciden sobre la cosa pública, pasa relativamente desapercibido.

Es así que durante casi dos años, en Guatemala, suceden una serie de elecciones, designaciones, nombramientos y contrataciones, que definen las tramas de poder del Estado guatemalteco.  Desde la elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral, hasta la designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC), cada 5 años, hay relevos de toda la dirigencia de la burocracia estatal.

En abril del año 2016 con la designación de la CC, terminó el ciclo anterior y en febrero del 2017, con la elección de los presidentes del Tribunal de Honor y de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios, se inició el actual ciclo de recambio institucional. Desde representantes gremiales –quienes integran comisiones de postulación para fiscal general y jueces y magistrados– hasta la renovación del contrato de Iván Velásquez, quien dirige la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), estos procesos determinan e influyen en la dinámica sociopolítica y jurisdiccional de un país en el que la judicialización de la política está sirviendo para romper la espiral de corrupción, impunidad y subdesarrollo.

En días recientes fue electo el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), institución cuyo valor estratégico radica en aportar la prueba científica en los procesos judiciales.  Su director debiera ser un burócrata especializado, no obstante, desde que le tocó determinar si fue cal o harina, también parece que es presa de las presiones políticas.

La continuidad de la CICIG y su comisionado, no están en riesgo en medio del momento político actual. Su presencia es crucial para llegar a esclarecer, con sentencias absolutorias o condenatorias, toda la trama criminal que rodeó al gobierno naranja. Por ello su presencia debe ser paralela a estos procesos.

El próximo inquilino de la 20 calle de la zona 10, será decisivo en lo que suceda en la elección de Fiscal General.  Desde las palabras del embajador Arnold Chacón, que dijo: “Es un privilegio para mi gobierno contar con un socio como Paz y Paz”, –al referirse a la entonces jefa del Ministerio Público–, hasta la delirante expectativa que hay en torno a la venida del sucesor del embajador Todd Robinson, elementos que refieren que en la batalla por la fiscalía general —bastión fundamental en la estrategia de combate frontal a la corrupción, la impunidad y el crimen organizado en el país— se enfrentarán animales grandes.

La nueva estrategia apunta a que las instrucciones serán en espanglish, porque la prioridad de la política regional por nada del mundo abandonará los temas de seguridad fronteriza, desincentivo a las migraciones y la persecución al tráfico de personas, así como el combate frontal al narcotráfico, que han llegado a poner en riesgo la seguridad nacional norteamericana.

Por lo tanto, el riesgo de que con la fiscalía se reinicie un nuevo ciclo de comisiones de postulación lleva a identificar que, de no haber reforma constitucional, la politización de la justicia está a la vuelta de seis meses, debido a que en 2019, este método también se utilizaría para elegir jueces y magistrados del Organismo Judicial, que deberán tomar posesión de sus cargos en octubre junto con el nuevo Contralor General, a escasos cuatro meses de haberse realizado la primera vuelta de elecciones generales, que se realizará en junio, según el nuevo calendario electoral.

Más allá de los rostros que van y vienen, la apuesta como sociedad debe estar en consolidar una institucionalidad que nos permita vivir un real Estado de derecho y gozar de un Estado que regule los excesos, los privilegios y ordene el desarrollo equitativo en el país.

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