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Senador aboga ante la Casa Blanca para que se reactive mina El Escobal

11 agosto, 2017 Coralia Orantes Diario Digital

Mark E. Amodei, senador de Nevada, escribió una carta dirigida al gobierno de Estados Unidos para solicitar apoyo de “forma urgente” para que informe qué acciones está tomando para que las autoridades guatemaltecas reactive las operaciones y retrocedan en el cierre definitivo de la mina El Escobal, que es operada por la Minera San Rafael.

La carta fechada 11 de agosto de 2017, refiere que el cierre de operaciones de la mina es “arbitrario” y que no solo afecta la economía de Guatemala sino los intereses de Estados Unidos, más específicamente de inversionistas que radican en ese país.

Andrés Dávila, gerente de comunicaciones de la Mina San Rafael, explicó que la carta del senador es para pedir información a la Casa Blanca sobre qué se está haciendo para proteger la inversión estadounidense.

Hace un mes la Corte Suprema de Justicia (CSJ) canceló las licencias de construcción de El Escobal.

“Nuestra casa matriz está en Reno, Nevada. Tahoe les ha ido a hablar a los senadores, a comentarles cómo está el caso de la mina. Ha ido a pedir su apoyo porque es capital americano”, dijo Dávila.

Agregó que “vamos a respetar lo que las cortes digan. Si dicen que hay que hacer una consulta, se hará lo que se diga”.

La mina es una inversión con capital canadiense y estadounidense que cotiza en las bolsas de Nueva York y Toronto, por eso están involucrándose los senadores.  De ser necesario se le consultará a la embajada americana en Guatemala para poder dar respuesta al senador, explicó Dávila. “No va a pasar a la Cancillería de Guatemala solo que EE.UU. lo requiriera”, dijo.

Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal Ambiental de Guatemala (Calas), prefirió no emitir opinión al respecto, ya que la carta está dirigida al Secretario de Comercio de Estados Unidos, “en vista de eso no podemos pronunciarnos, esto en vista que no tenemos conocimiento del sistema legal administrativo allá y del seguimiento que ese gobierno le vaya a dar. Si llegara dicha solicitud al Gobierno de Guatemala, lo veríamos como ejercicio del derecho de petición que garantiza nuestra Constitución”.

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