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Transurbano: millones para una solución que nunca fue

13 febrero, 2018 Redaccion Canal Antigua

Desde hace más de 40 años, los capitalinos soportan un transporte público ineficiente, incómodo e inseguro, a pesar de que las empresas del sector han recibido jugosos subsidios sin ningún control.  Esto sería solucionado por el Transurbano, pero aquí también se cierne una nube de corrupción que detallamos en este reportaje y que se origina durante el período gubernamental de Álvaro Colom.   

Utilizar el transporte público en la ciudad de Guatemala es una experiencia caótica, pero es la única opción para alrededor de 2.6 millones de personas que no cuentan con vehículo propio y que a diario deben movilizarse en el área metropolitana para acudir a sus lugares de trabajo, estudio o esparcimiento.

El problema es que no estamos hablando de un problema reciente, sino de una historia que ya rebasa las cuatro décadas.  Pero vamos por partes:

¿Qué haría usted si el Gobierno le da un cheque en blanco para instalar su propia empresa y aparte le proporciona los recursos adicionales que necesita para funcionar, sin verse obligado a reportar cómo los utiliza?

Ese cheque ha significado para los guatemaltecos la erogación de unos Q6 mil 500 millones provenientes de los impuestos, que han sido aportados a los empresarios de autobuses urbanos de 1977 a 2017, cifra superior a la de un presupuesto anual del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

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El subsidio comenzó a otorgarse desde 1974 cuando el Estado lo entregaba en galones de diésel. Sin embargo, a partir de 1977, el sistema cambió a razón de Q300 mil mensuales que recibieron hasta 1980, es decir Q3 millones 600 mil por año.

Posteriormente, la cifra se elevó a Q6 millones y Q12 millones mensuales. Durante el gobierno de Óscar Berger se incrementó a Q24 millones al mes y en el de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que presidió Álvaro Colom, a Q35 millones mensuales, de acuerdo con la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Estos millones de quetzales que han ingresado a las cuentas de las empresas de los autobuseros, no han sido fiscalizados como debe ser. No obstante, los integrantes de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), ahora conglomerados en el Transurbano, ni se inmutan por transparentar los gastos de la subvención que han obtenido gracias a los gobernantes de turno, quienes han cedido a la amenaza de incremento al pasaje.

¿De qué ha servido?

Actualmente, abordar un bus rojo o “tomate” es un atentado porque se trata de las unidades más desvencijadas, aparte de que son el principal blanco de cientos de extorsionadores, quienes no dudan en asesinar a pilotos, ayudantes y pasajeros, en caso de que se les niegue el dinero que exigen.

En cuanto al Transurbano, es otro dolor de cabeza, pues para abordar un bus, se debe adquirir una tarjeta prepago de Q30 denominada SIGA, que supuestamente alcanza para 27 pasajes, a razón de Q1.10 cada uno.

Pero muchos usuarios se quejan de que se les termina antes y los validadores ya no les reportan el saldo cada vez que abordan una unidad.  En las estaciones del Trébol y en la zona 1, abundan intermediarios no autorizados, que cobran comisión a cada usuario para pasar la tarjeta, pero el costo del pasaje es el doble.

Además, en los quioscos del Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (SIGA) los horarios para recargas son limitados, sin contar que muchos buses están en mal estado, las paradas llenas de agujeros y sin seguridad y hay descontrol en las rutas.

Posible corrupción

Según Marvin Flores, coordinador del estudio “Pertinencia y rendición de cuentas en los subsidios del gobierno central de Guatemala”, presentado en 2013 por Acción Ciudadana (AC), entre las principales instituciones públicas involucradas en el tema del Transurbano, están el expresidente Álvaro Colom, quien autorizó un aporte de U$35 millones (cerca de Q280 millones) para echar a andar el sistema prepago, a cargo de SIGA.  También el entonces ministro de Finanzas Públicas, Alberto Fuentes Knight, quien firmó el desembolso; y el Congreso de la República, con los diputados de la bancada de la UNE, quienes apoyaron el decreto que autorizó una exoneración de impuestos para la importación de las 3 mil 150 unidades que llegarían desde Brasil, con la idea de implementar el nuevo sistema. Al final, solo arribaron 445 buses.

Arribo del sistema de transporte público TransUrbano al puerto de Santo Tomas del Castillo.
Foto Presidencia/Deccio Serrano

En ese entonces, el empresario Luis Gómez se ocupó de financiar distintos partidos políticos para garantizar el subsidio para  la AEAU, en lugar de que el subsidio se entregara a cada propietario de autobús, explica Flores.

Más revelaciones

De acuerdo con Flores, la AEAU solo recibía el subsidio y lo repartía a los socios sin mayores controles, pues solo tenían una planilla como si fuera de viáticos. “Medios de verificación totalmente inservibles y de hecho, la única instancia con capacidad técnica para supervisar si cumplen con rutas y horarios es la Superintendencia de Transporte Público (STP),  de la comuna. Es una cantidad increíble de plata, hablando solo de subsidio. El sistema fracasó por actos de corrupción”, asegura Flores.

El expresidente Álvaro Colom inauguró la segunda fase del Transurbano, el cual cubrirá la ruta norte hacia la zona 18. En la fotografía junto a la exprimera Dama, Sandra Torres de Colom dentro del Transurbano. Foto Presidencia/Deccio Serrano

También expone que existía todo el interés de la exprimera dama, Sandra Torres, quien quería rescatar su imagen en el área urbana, donde nunca tuvo aceptación. Por lo tanto, el gobierno de la UNE vio en el sistema de transporte uno de esos proyectos con gran potencial y, a lo mejor, una puerta para ganar votos de manera fraudulenta.

Una de las banderas –y promesas– al implementarlo fue la seguridad. Habría guardias en cada parada de bus y cámaras de video, lo que se cumplió a medias. Incluso, se cuestionó que estuvieran involucradas empresas privadas vinculadas a militares allegados a Otto Pérez Leal, exalcalde de Mixco e hijo del expresidente Otto Pérez Molina.

Pero con todo, el proyecto fracasó. La nube de corrupción que lo cubre acabó por ahogarlo y parte de ello fue la exoneración de impuestos, cuando Roberto Alejos era presidente del Legislativo.

“Estaría involucrado prácticamente el Estado en sí: el Congreso, el Ejecutivo y la municipalidad, que concesionó las 109 rutas por 25 años. Un bus es como una computadora, hay que renovarla periódicamente y darle mantenimiento”, subraya Flores.

“¿Por qué cuando uno ve el proceso en Guatecompras casi no hubo participación de oferentes? Porque no podían competir contra un monstruo de empresas y ofertar 3 mil 150 buses. El proceso no fue el más adecuado y el tema de corrupción incluso se dio fuera del país, pues los buses no costaban U$125 mil, sino U$75 mil. El chasis venía de Alemania, pero los ensamblaron en Brasil, donde hubo una sobrevaloración. O sea, los vendieron sobrevalorados a Guatemala. Y a pesar de que había exoneración de impuestos para importación, solo ingresaron 445 unidades”.

 

Reportaje publicado en la revista Contrapoder en julio de 2017

 

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