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Unidad nacional contra la impunidad

1 septiembre, 2017 Adrian Zapata

La lucha contra la impunidad requiere concertación nacional. La polarización social y política, la dificultan. Urge un acuerdo entre el presidente y el comisionado.

Rescatar al Estado de la cooptación que ha sufrido por parte de estructuras criminales es una tarea titánica y requiere de un esfuerzo sostenido, prolongado, contundente y concertado nacionalmente.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es un ensayo internacional que, con la conducción de don Iván Velásquez, ha sido exitoso. Lo que se ha avanzado en la lucha contra la impunidad y la corrupción sería impensable sin ese ente, aunque también debe considerarse la relevancia que tiene para el éxito la estrategia geopolítica de los Estados Unidos de garantizar su seguridad en el Triángulo Norte de Centroamérica. Esta es una afortunada coincidencia, de orden absolutamente coyuntural, aunque muchos la sobredimensionen, seducidos por su romance con el Imperio.

En ese contexto, se produce la decisión presidencial de declarar no grato al señor comisionado y decidir su expulsión del país, riesgo que supuestamente se había superado cuando el presidente Jimmy Morales no solicitó en Nueva York  (NY) el retiro de don Iván. Recordemos que al mismo tiempo que se realizaba esta controversial reunión en NY, la CICIG y el Ministerio Público (MP), en una rara coincidencia temporal, anunciaban la solicitud de antejuicio contra el presidente Morales.

La situación se volvió crítica cuando el presidente, madrugando en domingo, anunció la declaratoria de no grato. La Corte de Constitucionalidad (CC) rápidamente “enmendó” la plana al mandatario y dejó en suspenso la decisión, produciéndose entonces la reacción de este, insistiendo en su declaración, en abierta contradicción con la resolución de la CC. Así las cosas, el concierto internacional, claramente, ha definido su apoyo a don Iván Velásquez.

Al momento de escribir esta columna, existe gran expectativa sobre el curso que tomará la contradicción ya planteada entre la CC y el presidente Morales, situación que pone a la vuelta de la esquina el conflicto interinstitucional y la posibilidad de que la desobediencia presidencial se convierta en un delito.

El resultado de toda esta parafernalia es el incremento de la polarización social en torno al tema de la lucha contra la impunidad, la cual requiere todo lo contrario: un amplio nivel de concertación. Esperar la resolución final de la CC zanjaría legalmente la controversia, pero difícilmente abonaría a la despolarización. Habría entonces un escenario de vencedores y vencidos.

Es el momento de replantear el tema. Las élites que comprendan la necesidad de construir un verdadero Estado de derecho, producto de la aspiración nacional y no de una imposición por razones geopolíticas, tienen que reaccionar y anteponer a sus particulares intereses e ideas, los intereses nacionales que requieren estabilidad. Los tambores de guerra no contribuyen a este propósito.

La crisis política tiende a agravarse cada vez más, estando ya presente en las movilizaciones sociales la, a mi juicio impertinente, petición de renuncia de Jimmy Morales. Mesura es la divisa del éxito en situaciones de crisis. Veamos hacia lo estratégico, no hacia la angustia coyuntural.

Tanto el presidente como el comisionado, tienen un mecanismo pactado en el convenio para resolver las diferencias. Es deseable que este se utilice y que, abandonando subjetividades, dichos personajes tomen una decisión en beneficio del país. ¿Estará dispuesto el presidente Morales a rectificar en su desafortunada decisión de declarar no grato al comisionado Velásquez? ¿Pensará el comisionado que puede seguir al frente de la CICIG en medio de esta contradicción con el presidente?

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