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Se realiza vista pública en la CC por final de mandato de la Cicig

21 febrero, 2019 Marco Sajquin

En una vista pública en la Corte de Constitucionalidad (CC), sectores que presentaron amparos contra la decisión del Ejecutivo de terminar el mandato de la Cicig en el país, expusieron sus argumentos en ese tema.

Énfasis en los derechos humanos

El primero en presentar sus alegatos, fue Marco Vinicio Mejía, quien como «ciudadano independiente», acentuó su postura sobre que el acuerdo de creación de la Cicig, es de «derechos humanos».

Por lo tanto, según Mejía, la decisión de derogar el decreto legislativo que estableció a la Cicig, «viola artículos de la Constitución, como los de seguridad y justicia de todos los ciudadanos».

«El acto reclamado violenta no solo estos principios sino una resolución de la CC en la que se indica que no se debe afectar las funciones de la Cicig», dijo.

Luego, Eddie Cux, de Acción Ciudadana, aseguró que eliminar el acuerdo de Cicig, anuló «normas y principios de derecho internacional».

«Recalco que los funcionarios están sujetos a la ley y no son superiores a la misma; en el acuerdo gubernativo que terminó la misión de la Cicig, abusaron de su autoridad», dijo Cux.

PDH: hubo anticipo de funciones

Por su parte, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, estuvo de acuerdo con su antecesor, y remarcó que el acuerdo que dio vida a la Comisión tiene como base los «derechos humanos».

Rodas explicó que existió un «anticipo de funciones» pues la decisión de dar por finalizado el acuerdo fue el 7 de enero, un día antes de que entrara en vigencia, según la publicación en el diario oficial.

«Es inaudito que un acuerdo gubernativo ponga fin a una comisión avalada por un decreto legislativo; todos conocemos la jerarquía de todo proceso legal», adujo.

Por su lado, la mandataria de Cicig, Claudia González, como tercera interesada en los amparos referidos, detalló que existe una «desobediencia continuada de funcionarios», y solicitó a los magistrados de la CC a que vieran «más allá».

«Las amenazas se concretizaron, como el retiro de armas a personal de Cicig y la devolución de 5 vehículos que estaban a servicio de la Comisión», dijo.

Al final, la representante del MP, solo presentó sus argumentos por solo dos minutos.

Los demandantes coincidieron en solicitar a los magistrados a que otorguen en definitiva los amparos presentados y dejar sin validez la decisión de finalizar el mandato de la Cicig tomada por el Ejecutivo.

A la cita no se presentó un representante del Ejecutivo.

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