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¿Y la Procuraduría de las Obligaciones Humanas?

28 julio, 2017 Estuardo Gasparico

Todo el mundo está presto a protestar y exigir sus derechos. pero cuando se trata de cumplir  obligaciones, la situación es muy diferente.

Durante los últimos meses, hemos sido testigos de una agria discusión sobre quién sería el nuevo Procurador de los Derechos Humanos (PDH), luego de que Jorge de León Duque entregue el cargo en agosto próximo.

Más de 30 profesionales que consideraron que llenaban los requisitos, presentaron sus postulaciones y después de un politizado proceso de selección (quien elige al “afortunado” es el Congreso de la República), resultó ganador el abogado quetzalteco Jordán Rodas.  Precisamente en esta edición, publicamos una entrevista con cada uno de ellos.

En principio, el PDH tiene como funciones “proteger los derechos individuales, sociales, cívicos, culturales y políticos comprendidos en el título II de la Constitución y de manera fundamental, la vida, la libertad, la justicia, la paz, la dignidad y la igualdad de la persona humana, así como los definidos en tratados o convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala”.

Además, “el Procurador y sus adjuntos pueden prevenir y solicitar a quien corresponda, la suspensión y hasta la destitución de los servidores públicos o funcionarios que con su actuación material, decisión, acuerdos, resolución o providencias menoscabe, deniegue, obstaculice o de cualquier forma lesione el disfrute o ejercicio de los derechos, libertades o garantías a que se refiere la normativa citada, sin prejuicio de iniciar las acciones legales pertinentes”.

Por último, en la página web de la institución se indica que el PDH puede iniciar proceso en contra de cualquier persona, funcionario, empleado público, instituciones públicas o privadas que violenten o atenten contra los derechos humanos, para lo que podrá solicitar el auxilio y colaboración de los funcionarios, autoridades o instituciones quienes están obligados a brindar lo requerido en forma pronta y efectiva. Además, los tribunales deben darle prioridad a estas diligencias.

Hasta aquí, todo parece bien, a excepción de que en su afán por cumplir todos estos mandatos (lo que muy pocas veces se logra), la imagen de la institución ante la población se ha distorsionado, al punto de que a la PDH se le considera defensora de los delincuentes.  Pero ese es otro tema.

Dicho lo anterior, también valdría la pena recordar lo que establece el Capítulo III constitucional en su Artículo 135, el que estableece que son derechos y deberes cívicos de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes: 

a. Servir y defender a la Patria; b. Cumplir y velar por que se cumpla la Constitución de la República; c. Trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los guatemaltecos; d. Contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la ley; e. Obedecer las leyes; f. Guardar el debido respeto a las autoridades; y g. Prestar servicio militar y social, de acuerdo con la ley.

Además, el Artículo 136 indica que son derechos y deberes políticos de los ciudadanos:  a. Inscribirse en el Registro de Ciudadanos; b. Elegir y ser electo; c. Velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral; d. Optar a cargos públicos; e. Participar en actividades políticas; y f. Defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la Presidencia de la República.

Por lo tanto, considero que sería necesario fundar una Procuraduría de las Obligaciones Humanas, con la función de velar por que la gente no solo exija derechos, sino que también cumpla sus obligaciones y sea responsable de  sus actos, independientemente de lo que estipulan las leyes vigentes.  Cuando la ciudadanía tome conciencia de que si quiere recibir, también debe dar, quizá todo marche mejor.

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