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¿Y por qué tengo que tributar?

4 mayo, 2017 Estuardo Gasparico

Mi obligación ciudadana es contribuir a financiar el gasto público, pero hacerlo me debe dar derecho a exigir servicios de calidad.

El Artículo 135 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece los deberes y derechos cívicos de los guatemaltecos, indicando que además de los consignados en otras normas de la misma Carta Magna, están los siguientes:

  1. Servir y defender a la Patria; b. Cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República; c. Trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los guatemaltecos; d. Contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la ley; e. Obedecer las leyes; f. Guardar el debido respeto a las autoridades; y g. Prestar servicio militar y social, de acuerdo con la ley.

El inciso que se destaca es precisamente el que me obliga a tributar, en caso de que así proceda según la legislación correspondiente. Y hasta aquí, todo bien, pues el pago de impuestos, tasas y contribuciones especiales es una obligación de los ciudadanos del 99 por ciento de los países del mundo y constituye el “precio” de pertenecer a una sociedad.

Ahora bien, la situación se complica cuando inquirimos sobre el destino de esos recursos y su manejo, aspectos que deben encuadrarse en el Artículo 1 de la misma Constitución, el cual indica que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común.

Este enunciado se complementa con lo que, a continuación, establece el Artículo 2: Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

Y entonces llega el momento de preguntar: ¿el Estado y yo estamos cumpliendo estos preceptos? Y ya conocemos la respuesta: por un lado, en el país vivimos alrededor de 16 millones de personas, pero la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) solo cuenta con 750,605 contribuyentes efectivos, según datos a marzo pasado. Y eso incluye a las personas jurídicas (empresas) y a quienes pagan el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos.

De ahí, que tanto la cantidad de contribuyentes, como la carga tributaria, sean de las más bajas del mundo, lo que da como consecuencia una insuficiencia crónica de recursos que no le permite al Estado cumplir con sus fines a cabalidad.

Pero por otro lado, y a pesar del dato anterior, cada año la misma SAT logra recaudar una cantidad nada despreciable de recursos, cuya inversión casi no se ve por ninguna parte porque la mayor parte de ellos va a parar al pago de salarios y de servicios de la deuda pública, por lo que únicamente queda aproximadamente el 15 por ciento de los fondos para la prestación de servicios públicos esenciales y la construcción de infraestructura.

Tal situación se refleja en la enorme cantidad de enfermos sin atención hospitalaria adecuada; millones de niños y jóvenes que se quedan fuera del sistema educativo; índices delincuenciales escandalosos; impartición de justicia lenta; y una red vial destrozada.

Por lo tanto, los guatemaltecos que con su esfuerzo pagan tributos, también deben apartar una gran porción de sus ingresos para contratar educación, salud y seguridad privada, por lo que con justa razón están convencidos de que sus tributos terminaron no solo en un “barril sin fondo”, sino que fueron echados a un “saco roto”.

A manera de conclusión, es importante que todos cumplamos nuestras obligaciones tributarias, según lo establecido en las leyes vigentes, pero es imperativo que el Estado también cumpla con mejorar la calidad del gasto, evitar el despilfarro y combatir la corrupción en todas sus formas.

Solo así logrará preservar lo poco que queda de paz social y proteger a un Estado de Derecho cada vez más debilitado por la falta de políticas públicas efectivas y de decisiones gubernamentales que beneficien a la mayoría de la población.

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