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Ya nada nos puede sorprender

10 marzo, 2017 Estuardo Gasparico

A la población no le queda más remedio que protegerse por su cuenta, como si el estado no estuviera obligado a procurar el bien común.

No cabe duda de que Guatemala es un país que a diario reserva sorpresas para propios y extraños, especialmente en el ámbito público; aunque la esfera de lo privado no escapa a las eventualidades que de alguna manera afectan el diario vivir de los guatemaltecos.

Para ir por partes, analicemos lo que ha sucedido durante el último año en los TRES Poderes del Estado, comenzando con el Ejecutivo:   en marzo de 2016, el Presidente Jimmy Morales, el Vicepresidente Jafeth Cabrera, ministros y otros funcionarios recién nombrados, aún se acomodaban en sus sillas, mientras se preguntaban cómo debían hacer su trabajo. Para disimular, todavía sonreían y respondían las preguntas de la Prensa, independientemente de que dominaran el tema que estaban tratando o no.

Hoy, cada vez son más evasivos con los medios de comunicación, aparte de que en varias oportunidades han demostrado intolerancia y falta de paciencia ante las interrogantes de los periodistas, cuyo trabajo consiste en informar a la población sobre las decisiones que toman ellos y sus equipos de   trabajo.

A unos 400 días de haber asumido las primeras magistraturas de la nación, ambos parecen no comprender que cualquier cosa que digan o hagan impacta a la población, por lo que equivocarse no es una opción.   Por lo pronto, ya han tenido que soportar varias manifestaciones populares, con bloqueos de carreteras, caos viales y cuantiosas pérdidas incluidas, sin que a ellos parezca importarles porque no solo han desoído el clamor popular por que se garantice el derecho de locomoción de los ciudadanos, sino que tampoco han ofrecido soluciones a las demandas de los sectores inconformes.

Mientras tanto y al amparo de la inacción gubernamental, la delincuencia sigue actuando a sus anchas, atreviéndose incluso a amenazar con actos terroristas a muchas instituciones del Estado, lo que incrementa la sensación de indefensión de la población honrada, que solo desea trabajar para mejorar su calidad de vida, cada vez más precaria.

Respecto al Legislativo, el diputado Mario Taracena daba inicio a su gestión como presidente del Congreso de la República con una depuración de pseudotrabajadores de ese organismo, acción que comenzó con denunciar los exhorbitantes sueldos que cobraban cientos de personas, por realizar labores que no ameritan (ahí ni en ninguna parte) las cantidades que figuraban en sus cheques mensuales, a costa de quienes pagamos puntualmente nuestros tributos.

Es más, puso al descubierto la maloliente trama de corrupción denominada “plazas fantasma” que por lo visto, ha estado enraizada durante años en todo el sector público.   Pero de ahí casi no pasó y más tardó en llegar enero, que él en ser sustituido, relegado y olvidado, para darle paso a una Junta Directiva gris, que hasta el momento no ha ofrecido resultados que beneficien a la población.

Para cerrar con cualquier cosa, menos con broche de oro, el Organismo Judicial se empeña en demostrar que la justicia pronta y cumplida se queda en puro palabrerío, si se toma en cuenta que en 2015 y 2016, la población siguió con gran interés el inicio del combate frontal a la corrupción, lo que también tiene en prisión a magistrados involucrados en varios delitos. Pero de pronto, la maquinaria perversa de los amparos, recursos y otras medidas dilatorias comenzó a surtir efecto y hoy, la lucha se centra en estancar los procesos y en tratar de separar a los escasos jueces incorruptibles con que cuenta el sistema de justicia.

En sìntesis, la que siempre queda en medio es la población, que no tiene más remedio que protegerse por su cuenta no solo de la delincuencia y el crimen organizado, sino de los efectos de tanta incapacidad, corrupción, incompetencia, mal servicio, indiferencia y falta de políticas económicas coherentes y efectivas, como si el Estado no tuviera la obligación constitucional de velar por el bien común, que es la razón de su existencia, como lo establece el Artículo 1 de nuestra

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