La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo modificó por tercera vez la sentencia contra el ex ministro de comunicaciones José Luis Benito por el caso de los 122 millones de quetzales ubicados en Antigua Guatemala y se retracta de su decisión de investigar a José Batres González.
Los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, modificaron por tercera vez la sentencia que se dictó en contra del exministro de comunicaciones, José Luis Benito, por el caso de los 122 millones de quetzales ubicados en una residencia en Antigua Guatemala.
La primera modificación, se dio cuando la sala aceptó la apelación del Ministerio Público y determinó aumentar la pena de prisión a 8 años de cárcel y aumentar la multa a 40 millones de quetzales por el delito de lavado de dinero y así cambiar la decisión en originalmente había tomado la juez de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz.
La segunda modificación, se dio luego que la defensa de Benito interpusiera un recurso de actividad procesal defectuosa, asegurando que se condenó a Benito cual si este fuera aún funcionario público cuando supuestamente cometió los hechos ilícitos, lo que valió para que la pena fuera reducida a 6 años de prisión y la multa rebajada a 1.6 millones de quetzales.
Ahora, la sala emite una tercera modificación, pues se cometió un error, afirman los magistrados en su resolución.
Esta vez se emite una rectificación de oficio, pues la sala indique que no existen elementos que puedan confirmar o no su posible participación de acuerdo a lo aceptado por Benito y por lo tanto no se puede ordenar que se inicie investigación contra José Ernesto Batres González, quien es mencionado por el Ministerio Público como el dueño de la residencia donde fue ubicado el dinero vinculado a Benito.
Por tal razón, deja sin efecto la orden de certificar lo conducente en contra de Batres como lo hizo en su segunda modificación.
Por su parte, mediante un comunicado, José Batres Gonzáles señala que esta resolución concluye que en aras de salvaguardar los principios fundamentales de justicia y legalidad se le exime de cualquier responsabilidad penal por haber sido objeto de señalamientos sin fundamentos sólidos que lo vinculen con el delito en cuestión.
Por Sergio Osegueda
