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Congreso aprueba incrementar penas de cárcel para “coyotes”

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El Congreso aprobó la propuesta del Presidente Giammattei de endurecer las penas de cárcel a los “coyotes”.

La iniciativa 6022 sobre reformas a la Ley de Migración, avanzó rápido en la agenda de la actual legislatura, y en pocos días fue conocida y ratificada.

El mandatario y el Secretario de Comunicación de la Presidencia insistieron en varias ocasiones en solicitarle al Congreso la urgencia de aprobar la propuesta.

Más años de cárcel para “coyotes”

La disposición establece de 10 hasta 30 años las penas de cárcel inconmutables, por tráfico ilícito de personas por el territorio guatemalteco. El condenado deberá además pagar una multa entre Q100 mil y Q200 mil por los extranjeros ilegales traficados.

Sobre el tráfico ilegal de guatemaltecos, la pena de cárcel se incrementa de 10 a 30 años, cuando antes en la ley se estipulaban penas de 6 a 8 años para quien traslade o aloje a connacionales con el objetivo de migrar sin los requisitos legales.

Los traficantes deberán cancelar además montos entre Q100 mil y Q200 mil por cada guatemalteco víctima.

Cuando el migrante sea un menor de edad o una mujer embarazada, las penas se incrementarán en dos terceras partes. Esta premisa también regirá cuando quien cometa el delito sea un funcionario o empleado público, un notario que facilite la acción ilícita, o se cometa por un grupo de tres o más personas y se apliquen tratos crueles, inhumanos o degradantes a las víctimas.

Además, cuando el migrante sufra privación de libertad en el extranjero, sea víctima de otros delitos de cualquier índole, o fallezca.

El decreto, que le corresponde el número 5-2022, cobrará vigencia 8 días después de su publicación en el diario oficial.

Señalan efectividad de la reforma contra migración ilegal

La discusión en el pleno antes de su aprobación, se dirigió en las críticas a suponer que las reformas permitirán disminuir la migración ilegal.

Diputados de diversas bancadas adujeron que no se atacan las causas y se otorga un tratamiento superficial a un problema complejo.

La iniciativa del Ejecutivo no queda allí, pues busca que Estados Unidos permita la extradición de los traficantes de personas.