Propietarios de fincas en Alta Verapaz exigen al Estado actuar ante usurpaciones

Un grupo de propietarios de fincas en Alta Verapaz exigen al Estado de Guatemala que actúe de forma contundente, contra entidades y grupos que siguen usurpando y violentando el derecho a la propiedad privada.

En conferencia a la prensa, los propietarios señalaron a Organizaciones No Gubernamentales (Oenegés) y
asociaciones campesinas de defenderse de forma mezquina por medio de demagogias y “discursos políticos sin sentido, con el objetivo de poder seguir usurpando, robando, y violentando los derechos humanos como lo es del de la propiedad privada, garantizado en la Constitución, artículo 39”.

Grupos son patrocinados desde el extranjero

Carlos Torrebiarte, presidente de la Asociación en la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO), que brinda acompañamiento a los propietarios legítimos, asegura que el Estado y sus instituciones deben de velar para proteger la propiedad privada.

“Esto no es de ideologías. Los usurpadores ingresan a casas pequeñas, lotes, terrenos, y no solo fincas como ellos lo mencionan, pues roban los menajes de casa, comercian los animales de granja y ganado, destruyen sembradíos, talan y comercian maderas preciosas, y todo lo que encuentran en las propiedades que roban”, denuncia el directivo.

Torrebiarte indica que estas agrupaciones “saben y conocen” la vulnerabilidad del Estado e indica que instituciones públicas como el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la Procuraduría General de la Nación, entre otros, no actúan para defender a las personas que están siendo robadas por
estas organizaciones sociales, “auspiciadas por organismos y países extranjeros”.

En un comunicado, ACDEPRO asegura que las Oenegés han recibido de los países donantes, Q183 millones en los últimos 10 años, “sin que se ven réditos de sus acciones”, pues se “limitan a un discurso de división de los guatemaltecos y a incentivar a invadir la propiedad”, lo cual envía un mensaje erróneo fuera del país.

“El Fondo de Tierras de 1998 al 2021 ha adquirido 106,324.72 hectáreas, beneficiando a más de 22,300 familias”, señala el escrito.

Propietarios critican que Fiscalía no tiene recursos

Propietarios afectados como José Farías y Néstor García, critican que la recién creada Fiscalía Especializada sobre la violación a la propiedad privada, no cuenta con los recursos necesarios para actuar, “entorpeciendo los procesos para que los propietarios puedan recuperar sus pertenencias”.

“Esto genera una problemática extensa pues entorpece la inversión económica, vulnera el Estado de Derecho, y genera que grupos clandestinos” y terroristas aparezcan, debido a que saben que las organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales los defienden con el objetivo de generar desestabilización en el Estado de Guatemala y el Gobierno”, enfatiza Farías.

Por su parte, García señala que un ex jefe edil de Santa María Cahabón apoyó a los usurpadores a invadir sus tierras con intereses políticos-partidarios, pues “ofreció todas estas propiedades a personas de otros departamentos con el objetivo de obtener votos”; práctica que se está repitiendo en varios municipios y aldeas del país, agrega.

Los afectados piden que se cumplan las leyes del país, para que las instancias involucradas “trabajen de acuerdo a la normativa y se apresuren de devolverles lo robado por estos grupos, que ahora que se avecinan las elecciones están incrementando las usurpaciones”.

Al finalizar la actividad, Torrebiarte aseguró que ACDEPRO tiene al menos 50 denuncias, pero en el país estima que son cerca de 1,750 usurpaciones.

“Creo que son muchas más. Estamos conscientes de la necesidad de mucha gente pero no es la manera de agenciarse de tierra, robando y entrando de una manera violenta. La gente cree que es pacífico, pero las personas están armadas”, resaltó.

Archivo CA

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