Mientras los abogados Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito Torres fueron ligados a proceso penal y enviados a prisión preventiva, los otros implicados: Alejandro Girón Lainfiesta y Orlando Álvarez Zamora, decidieron acogerse a la ley de aceptación de cargos y reconocer su responsabilidad.
Después de dar sus declaraciones, el juez B del juzgado séptimo Pluripersonal de primera instancia penal, Sergio Mena, impuso la condena respectiva.
Así también, se les impuso el pago de una reparación digna, la cual consiste en el pago de 25 mil quetzales cada uno, los cuales deberán ser liquidados en concepto de donación a cuatro instituciones benéficas que serán designadas por la Procuraduría General de la Nación. Las donaciones deberán realizarse en especie para evitar actos de corrupción.
Redacción: Sergio Osegueda
