La firma de un memorando de entendimiento que concreta la conformación de una oficina de cooperación técnica de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, tal y como se había acordado en marzo del año pasado, es considerado como positivo por expertos en materia de DDHH.
El documento, cuyo contenido no se ha hecho público, fue firmado el viernes por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y el fiscal de CPI, Karim Khan, quien sin dar detalles dijo que la oficina ya tiene sede, lo que le permitirá “venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana” para ayudar al país a “cumplir sus obligaciones en el marco del Estatuto de Roma”.
Aún se desconoce el número de funcionarios que estarán en el país, pero la CPI resaltó que la oficina permitirá “acercar” su trabajo a Venezuela, apoyar la prestación de asistencia y mejorar la cooperación para la rendición de cuentas.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que la oficina no recibirá denuncias y precisó que tendrá un “carácter técnico, de formación” y “cooperación” dentro de la complementariedad.
El Estado venezolano cuestionó la decisión del fiscal argumentando que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.
A principios de mayo de este año, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI rechazó otorgar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que ha dudado de la imparcialidad de la fiscalía, autorización para responder al informe con observaciones de al menos 8.900 víctimas que respaldan la continuidad de la investigación de la fiscalía de la CPI contra el Estado venezolano.
Se espera que en los próximos meses la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI anuncie su decisión sobre la continuidad o no de la investigación.
Fuente: VOA
