Los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral vinculados a la supuesta compra anómala del sistema TREP para el pasado proceso electoral, decidieron presentarse de forma voluntaria ante el juzgado duodécimo de primera instancia penal para solventar su situación legal.

Desde tempranas horas de este jueves, los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Mynor Franco y Vladimir Aguilera contra quienes pesa una orden de captura en su contra por su vinculación a la supuesta compra anómala del sistema de Transmisión de Resultados Electoral Preliminares, TREP, se presentaron de forma voluntaria ante el Juzgado

Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal para solventar su situación legal.

En el lugar se esperaba que se hicieran presentes agentes de la Policía Nacional Civil para hacer efectiva la detención, sin embargo dado a que estos ya se encontraban en el interior de la sede judicial esto ya no se realizó.

Los magistrados por su parte decidieron no rendir declaraciones sino hasta que se resuelva su situación legal.

Después de las 11 de la mañana, la juez Karen Chinchilla dio inicio a la audiencia de primera declaración en donde el Ministerio Público procedió a imputar los delitos de fraude para los cuatro sindicados y agrego el de abuso de autoridad a la ex presidenta del tribunal.

Tras escuchar la imputación los cuatro magistrados decidieron rendir declaración al respecto.

Luego de que cada una de las partes expuso sus argumentos, al resolver la juez indicó que entre los elementos aportados existen indicios de que pudo haber un fraude en la adquisición del sistema sin embargo este no genero ninguna afectación a la forma en como se dieron los resultados del pasado proceso electoral.

Por tal razón la juez decidió ligar a proceso penal a los cuatro magistrados al delito de fraude, no obstante en el caso de Irma Palencia, el Ministerio Público buscaba que también fuera ligada por el delito de abuso de autoridad, pero la juez no encontró indicios de esto en su contra por lo que dicto la falta de mérito.

Finalmente, la juez determinó que no existe peligro de fuga ni de obstaculización a la averiguación de la verdad por lo que les concedió el beneficio de la medida sustitutiva.

La juez dio un plazo de hasta las 3 de la tarde de este viernes para que hagan efectivo el pago de la caución económica, de lo contrario deberán ser enviados a prisión hasta que cancelen.

Así mismo, otorgó un plazo de 5 meses al Ministerio Público para que concluya la investigación en contra de los magistrados, fijando el 29 de agosto la fecha para discutir si estos deben o no enfrentar juicio.

Por Sergio Osegueda