El pasado jueves 21 de marzo por medio de una conferencia de prensa brindada por la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich y el ministro de Defensa Luis Petri, se dio a conocer que el gobierno del presidente Javier Milei está en la búsqueda de ampliar la participación de las Fuerzas Armadas entorno a la seguridad interior para que estén más presentes en la lucha contra los grupos del narcotráfico y el crimen organizado. De acuerdo con los funcionarios, este proyecto de ley que será enviado al Congreso del país sudamericano, tiene el objetivo de “dotar al Estado de nuevas herramientas para enfrentar los delitos de narcotráfico y crimen organizado”.
Estas acciones por parte del gobierno argentino toman lugar posterior a una creciente criminalidad que ha azotado a la ciudad de Rosario, que es la tercera urbe más importante del país y que se ubica en la provincia de Santa Fe. Cabe resaltar que en los últimos días, la metrópoli registró varios homicidios deliberados a la población civil y atentados contra el orden público, entre los que destacan el incendio a un vehículo y una serie de disparos que se efectuaron frente a una comisaría.
Tanto el Gobierno nacional, como el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, advirtieron que los crímenes previamente mencionados son obra de las bandas de narcotraficantes que operan en Rosario y que habrían convocado a un comité de crisis. En el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, declaro que “Estamos modificando la Ley de Seguridad Interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones que permitan devolverle la tranquilidad y la paz a los rosarinos. Estamos convencidos de que la batalla contra los narcos se puede ganar utilizando todo el poder del Estado y las herramientas de la Constitución”. Cabe resaltar que dentro del paquete de leyes que ha sido instruido por el poder ejecutivo y donde se encuentra el proyecto legislativo previamente mencionado, también aparece la “Ley Antimafia”, la cual contempla la lucha contra las organizaciones criminales, la reincidencia y la reiteración de los delitos y la ampliación del registro de ADN desde el procesamiento del implicado.
En relación a esta posible legislatura, Patricia Bullrich, declaró que “La llamada Ley Antimafia implica que aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa”. Bullrich comentó que por medio de esta legislatura se permitirá que las fuerzas de seguridad realicen detenciones por “averiguación de delitos”. De acuerdo con la ministra de Seguridad, se catalogará como grupo criminal a toda banda que “busque el control de un territorio para cometer ilícitos de todo tipo”, y serán considerados como miembros de la organización a toda persona que “participe de la cadena que va desde el transporte, la comercialización, la venta, el dominio territorial y el lavado de activos”.
Otra de las propuestas hechas por el Gobierno de Javier Milei es una Ley de Orden Público la cual responde a penalidades para la organización de protestas callejeras que involucren acciones como cortes de calles o rutas; en estos casos se ampliará el derecho a la legítima defensa. Respecto a esta posible legislatura, Bullrich declara que “Proponemos otro proyecto para un tipo penal para la sanción al bloqueo de comercios, industrias o cualquier tipo de establecimientos. Con una pena que va de ir de 4 a 6 años”.
En relación a la modificación de la Ley de Seguridad Interior donde se introduce una ampliación en las acciones de las Fuerzas Armadas argentinas, Luis Petri informó que se dará seguimiento y se velará el cumplimiento de las garantías constitucionales. Así mismo, se realizarán a “voluntad expresa del Gobernador de la provincia en donde se requiera y se reclame la participación”. El ministro de defensa añadió que “Las Fuerzas Armadas se van a regir por las mismas normas y condiciones que tienen las Fuerzas de Seguridad, en donde es imprescindible la proporcionalidad, la gradualidad y la progresividad en el uso de la fuerza”.
Cabe resaltar que para que los proyectos de ley previamente mencionados entren en vigencia queda mucho tiempo. El paquete de legislaturas y modificaciones previamente mencionados primero deben de recibir el visto bueno por las dos cámaras del Congreso argentino. Este procedimiento ha sido bastante difícil para el Gobierno de Javier Milei, que a la fecha no ha logrado dar un curso legislativo a ninguna de las propuestas que ha realizado.
