Marco Livio Díaz, superintendente de la SAT, abordó el caso B-410 durante la mesa de Análisis A Las 845, donde reveló que se llevaron a cabo auditorías debido a la negativa de las empresas implicadas.

Díaz destacó que el caso B-410 carecía de una estructura económica clara, lo que generó que algunos de los involucrados interpusieran amparos para evitar la auditoría y alegaran la pérdida de documentos contables. Sin embargo, el superintendente enfatizó que estas justificaciones no son aceptables.

Díaz indicó que la Superintendencia de Recaudación Tributaria fue la que alertó sobre irregularidades en empresas constructoras. Con ello empezaron a analizar a contribuyentes que no habían pagado impuestos luego de vender servicios al Estado.

También destacó que construyeron un software que les analizó lo que estaba pasando, ordenando la información. También crearon el módulo de relacionamientos que mostraron el mismo abogado, direcciones y otros, aunque no todos.

El funcionario añadió que las auditorías implican tiempo, con jornadas extendidas, por lo que aún las siguen haciendo, provocando los motivos para que tuvieran que revelar el caso.

Díaz dijo que las empresas, para su sorpresa, seguían facturando al Estado y por ello, se deshabilitaron por omisos del IVA.

Adujo que ahora hay 241 contribuyentes denunciados penalmente y añadió que de las 410 compañías que completan el caso, algunas empresas fueron activadas al ser suspendidas otras. Indicó que algunas se acercaron para regularizar su situación, pero en la SAT insisten en seguir con su deshabilitación.

Díaz indicó que han contratado físicos y otros profesionales científicos que han elaborado algoritmos para mejorar la labor de fiscalización de la SAT.

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Redacción: Roxana de León