El Ministerio Público allanó la sede de la firma de auditores vinculada a los hermanos de Marco Livio Díaz Reyes, jefe de la SAT, en el marco de una investigación por defraudación tributaria. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) lideró el operativo, aclarando que la investigación es independiente del caso B410. La Cámara de Comercio instó a la Fiscalía a investigar y sancionar a los responsables.

El fiscal Rafael Curruchiche confirmó este jueves 5 de diciembre que una denuncia relacionada con el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes, fue remitida a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Según explicó Curruchiche, la denuncia, recibida hace cuatro meses, investiga posibles irregularidades vinculadas a la firma de auditores de los hermanos de Díaz, quienes habrían gestionado descuentos en deudas tributarias de empresas involucradas en el caso de defraudación fiscal B410.

Curruchiche insistió en que la diligencia de allanamiento realizada en la firma de auditores no tiene relación directa con el superintendente ni con el caso B-410, y aclaró que la investigación está bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Delitos Económicos.

Sin embargo, el fiscal admitió que el objetivo del allanamiento es determinar si existe algún vínculo entre Díaz Reyes y la firma de auditores.

Aunque aseguró que el superintendente no está siendo investigado, el fiscal criticó la actitud de Díaz al presentar un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, calificándola de «victimización». No obstante, reconoció que si se encuentran elementos suficientes, la investigación podría dirigirse hacia Díaz Reyes.

Curruchiche también desmintió declaraciones previas de altos funcionarios del gobierno, incluidos el Presidente de la República y el Secretario de Comunicación Social, quienes habían expresado desconocimiento sobre la investigación. El fiscal destacó que los hechos son completamente distintos y no hay vinculación directa con el caso B410.