En el análisis de ALas845 conversamos sobre, “Soberanía y derecho internacional: debate sobre el retiro de la reserva al Artículo 27”.
Los invitados fueron Manuel Conde Orellana, exdiputado; Ricardo Sagastume, abogado; y Héctor Aldana, diputado por la bancada Vamos.
Sagastume, ponente de un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el retiro de la reserva que ya tuvo trámite, citó un antecedente relacionado al tema durante el periodo de Jorge Serrano Elías.
“La corte fue proactiva en ese tiempo. El retiro de la reserva lesiona el artículo 204 de la Constitución, complementado con el 44 y el 175. Incluso es peor lo de ahora. El vicepresidente paró preso. Al presidente Arévalo no le han dicho que puede parar así, igual a la vicepresidenta. Las consecuencias son la cárcel y el exilio”, indicó.
Conde, por su lado, dijo que sí se debieron realizar consultas y señaló que la Constitución es “clara” sobre el proceso.
“Primero es la suscripción, y luego aprobación del Congreso de todos los tratados. Esos son los pesos y contrapesos. El jefe del Ejecutivo puede signar esos tratados pero deben ser sometidos antes al Congreso. Cuando estuve en el Congreso tuvimos siempre cuidado para velar y agilizar la aprobación de un convenio de utilidad, y de prevenir lo que no fuera conveniente al país. Lo más delicado es que la Convención de Viena abarca todos los tratados suscritos. Una modificación de ese convenio pasa por el mismo proceso para ser consultado al Legislativo”, señaló.
Aldana por su lado adujo que el presidente Bernardo Arévalo es “uruguayo” por lo que “no le importa” la legislación nacional.
“En una citación le dijimos al Canciller que no vieron todo lo que debían sobre la supremacía de la Constitución. No se puede invocar al espíritu que quisieron entender algo diferente o quisieron decir algo diferente. No pueden engañar a la población”, señaló.
Sagastume explicó que el Canciller solo dijo lo que alguien más le informó y recordó que el tratado de Viena fue firmado en 1969, antes de la vigencia de la Constitución.
“Automáticamente, entró en conflicto este artículo 27. El gobierno de ese entonces se cuidó y le puso en reserva señalando la supremacía de la Constitución. Con el levantamiento de la reserva actualmente, lo que se hace es que a un artículo que estaba suspendido, se le quiere dar vigencia, pero como no formaba parte de la Constitución vigente en el 86, debió seguir el proceso para que el Congreso analizara la acción. No puede ser que el Presidente se haya excedido en sus funciones”, aseguró.
Conde se cuestionó sobre “cuál había sido la prisa” para el retiro de la reserva del referido artículo, y ejemplificó con otros temas que a su criterio son más importantes y no han tenido la misma celeridad.
“Fue en nocturnidad y sin posibilidad de defensa el retiro de la reserva. El Canciller y otros son tontos útiles, pero atrás hay perversos que quieren que se condene al país. Con la gavilla que está es de allanarse el camino. Surgirán las condenas contra el Estado porque se les acabaron los fondos de la cooperación internacional”, indicó.
Sagastume señaló que actualmente este tema se puede ver como más serio que el “Serranazo”, cuando el expresidente Jorge Serrano Elías ejecutó un “autogolpe”.
“La Constituyente, el poder popular, determinó que este era el cuadro. Jorge Serrano rompió esa estructura, deshizo el Congreso y la CSJ, pero ahora los efectos es el boquete que se abrió, a menos que se tomen medidas extremas, y eso lo tiene en las manos la CC, para bien o para mal. La actual Corte debe tomar el modelo de la CC de esa época. El formato de la violación es el mismo”, agregó.
El abogado señaló que el presidente Arévalo confesó el delito cometido contra la Constitución y criticó a los asesores que tiene a su lado.
Conde añadió que los convenios, tratados y acuerdos internacionales no pueden ser reformadores y menos revocatorios de las leyes internas. “También hay una corresponsabilidad cuando el Congreso aprueba algo que manda el Ejecutivo. Por eso hay pesos y contrapesos”, explicó.
Aldana reveló la presentación de una denuncia por actos contra la Constitución. “El director jurídico del Minex, Carlos Villagrán, tuvo contradicciones porque sí señaló que podía ser perjudicial para la Constitución. Le preguntamos al Canciller que si realizará un análisis para revertir esto, pero contestó que no”, dijo.
Sagastume además criticó a la presidenta del Colegio de Abogados, Patricia Gámez, por objetar públicamente los señalamientos contra la acción del Ejecutivo, y aseguró que la abogada mantiene una asesoría en la Procuraduría General de la Nación (PGN) lo que le resta credibilidad e independencia.
“Lo más delicado es que el Estado fue y depositó el instrumento (a la ONU), y cómo se echa marcha atrás de esto. Ahora, tristemente terminamos en la Corte de Constitucionalidad, que resuelve problemas que se generan por acciones políticas”, finalizó Conde.
