Al menos una diputada y la Ministra de Ambiente buscan detener la entrada en vigencia del decreto 9-2025, que elimina el estudio de impacto ambiental para las iglesias y las ventas informales, por medio de acciones legales.
Tras la aprobación del decreto 9-2025, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que exceptúa a iglesias, instituciones benéficas y ventas informales de presentar estudios de impacto ambiental, ya se anunciaron acciones legales para frenar su entrada en vigencia.
La diputada Karina Paz informó que este jueves presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la normativa, al considerar que contiene disposiciones contrarias a la Constitución.
Además, indicó que la próxima semana planteará objeciones que deberán ser conocidas por el pleno del Congreso y reiteró el llamado al presidente Bernardo Arévalo para que vete el decreto.
Asimismo, la titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, señaló que existen serios efectos negativos tras aprobación de este Decreto, advirtiendo que esto podría afectar el Tratado de Libre Comercio con EEUU.
Por lo que también analiza presentar acciones legales ante la máxima corte.
El decreto aprobado el pasado martes establece excepciones a la obligación de presentar estudios de impacto ambiental.
Quedan exentas las instituciones benéficas, religiosas, los servicios profesionales individuales y las actividades de la economía informal que no generen emisiones de fluidos o gases contaminantes, siempre que sus desechos sólidos sean recolectados por el servicio autorizado de basura.
Por Bryan Choy
