En el programa Análisis 8:45, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, abordó los desafíos que enfrenta la institución y señaló las irregularidades que, según él, marcaron la actuación del Ministerio Público (MP) en años anteriores.
Curruchiche explicó que uno de los temas centrales es el uso indebido de los convenios de colaboración eficaz, mecanismos legales que deben ser firmados exclusivamente por el fiscal, el colaborador y su abogado defensor. Recordó que durante el periodo en que la CICIG mantenía un convenio con el MP —firmado por la exfiscal general Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz—, esa comisión internacional no tenía atribuciones para emitir informes ni dictámenes legales.
El jefe de la FECI aseguró que muchos casos se sustentaron casi por completo en declaraciones de colaboradores eficaces, sin que existiera evidencia de respaldo. Como ejemplo, mencionó el testimonio de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien habría firmado 47 acuerdos de colaboración eficaz.
“Cuando revisé las declaraciones, encontré documentos de más de 170 páginas que supuestamente fueron elaborados en media hora. Es imposible que una persona escriba 400 páginas en ese tiempo; lo que hacían era presentar una memoria con la declaración ya redactada y el juez aprobaba el acuerdo de inmediato”, explicó Curruchiche.
Reforma en los procesos de investigación
Curruchiche señaló que actualmente la FECI trabaja con estabilidad, rigor técnico y transparencia, y que se han corregido prácticas del pasado. Antes —aseguró— existía un sistema interno denominado CICOM, en el cual se realizaban investigaciones sin un objetivo claro, incluso incluyendo a abogados o familiares de los investigados.
Con el nuevo sistema “Estrella”, todas las investigaciones se registran a nivel nacional y los sujetos procesales pueden acceder a la información correspondiente. “El pueblo de Guatemala puede tener la certeza de que las cosas se están haciendo bien e imparcialmente”, afirmó.
También explicó que, antes de abrir una investigación, se realiza un análisis de caso, especialmente cuando involucra a funcionarios públicos. Si no se encuentra fundamento, los expedientes se archivan, con el fin de priorizar los procesos con base legal sólida. Según Curruchiche, la FECI maneja más de 500 investigaciones activas, todas bajo los mismos principios de objetividad e imparcialidad.
El caso Odebrecht y las pérdidas millonarias
Al referirse al caso Odebrecht, Curruchiche señaló que Guatemala perdió alrededor de 388 millones de dólares, equivalentes a más de 3 mil millones de quetzales, debido a la falta de acciones legales efectivas.
El funcionario indicó que la exfiscal general Thelma Aldana no autorizó los viajes de los fiscales a Panamá y Brasil para dar seguimiento al caso, lo cual habría afectado las investigaciones. Afirmó que el entonces jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, sostuvo reuniones con representantes de Odebrecht en Brasil sin el respaldo oficial del MP, lo que derivó en acuerdos fraudulentos.
“La Corte de Constitucionalidad dejó sin vigencia dos colaboraciones eficaces. Esos casos van a caer, porque no tenían sustento legal”, advirtió.
Sobre otros casos y la relación institucional
En cuanto a otros procesos, como los relacionados con el expresidente Otto Pérez Molina, Curruchiche mencionó que aún existen fases pendientes en extinción de dominio e impugnaciones judiciales.
Respecto a la colaboración interinstitucional, aseguró que el MP mantiene buena coordinación con la DEA, ICE y el FBI, y que la comunicación con el Ministerio de Gobernación también ha mejorado.
“La Policía Nacional Civil está bajo el mando del Ministerio Público, y la ley así lo establece. Estamos rescatando el Estado de derecho con investigaciones objetivas y profesionales”, enfatizó.
Curruchiche concluyó que las investigaciones de la FECI se basan en métodos técnicos y científicos, y que el equipo está conformado por analistas criminales, financieros, investigadores de la PNC y expertos en interceptación telefónica, con el fin de garantizar resultados serios, imparciales y ajustados a derecho.
