Después de más de nueve horas de sesión en el Congreso de la República, los diputados aprobaron parcialmente la iniciativa 5692, que busca declarar a las maras y pandillas como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas.
En la fase final del debate, el pleno aprobó con 122 votos una moción para someter el dictamen a fondo de revisión, fijando el 21 de octubre como la fecha para retomar su discusión antes de convertirla en decreto. Esto significa que la declaratoria formal se retrasará al menos ocho días.
El avance se logró tras más de tres horas de negociación entre bancadas, que acordaron varias enmiendas al texto. Entre los cambios aprobados, se establece que el delito de obstrucción extorsiva del tránsito cometido por mareros será castigado con penas de 14 a 18 años de prisión, con posibilidad de aumento en una tercera parte.
Además, quienes recluten a menores de edad para actividades de las maras enfrentarán penas similares y multas de entre Q100 mil y Q300 mil.
Se añaden nuevas prohibiciones para los detenidos, entre ellas, tener cantidades de dinero que superen sus gastos personales; aparatos de comunicaciones como radios o teléfonos celulares, así como equipos para tener acceso a Internet, drones o tecnología. Asimismo, el Sistema Penitenciario estará obligado a tener una base de datos actualizada de todas las personas detenidas.
Entre las nuevas penas también se castiga la “talacha”, un tipo de coacción, delito que puede ser sancionado con prisión de seis a ocho años, pena que se aumenta una tercera parte si es cometido por los guardias a cargo de la seguridad de los privados de libertad.
También se aumenta la pena por el delito de extorsión que a la fecha alcanzaba hasta los seis años de cárcel, pero ahora las nuevas penas son desde los seis hasta los 12 años de cárcel, pero si el delito es cometido por un marero se podrá aumentar hasta 18 años.
También se ha creado el delito de enriquecimiento ilícito extorsivo, que se castigará con penas de 14 a 18 años prisión. Y añaden la figura de usura que tendrá penas de cuatro a 10 años de cárcel, más multas que van de los Q200 mil a los Q500 mil.
Asimismo, los diputados facultan al Ministerio de Gobernación para la adquisición de equipo que será utilizado para investigación, armamento, municiones, vehículos, entre otros, hasta por un monto de Q200 mil millones. También se le otorga la facultad a la CSJ, para ampliar la competencia de los jueces de mayor riesgo y que estos conozcan y los delitos de los grupos terroristas.
Y finalmente, el último artículo de la normativa establece que dentro de un año, el Ministerio de Gobernación deberá iniciar la construcción de dos centros de máxima seguridad en Guatemala; uno para detención preventiva y otro para cumplimiento de condena, específicamente para integrantes de maras, pandillas y grupos criminales organizados transnacionales y terroristas.
Todas estas reformas e implementaciones deberán estudiadas detenidamente durante los próximos 8 días por los diputados para que el próximo martes 21 de octubre se pueda lograr la aprobación final, en el Congreso de la República.
Redacción por Bryan Choy
