CSJ confirma proceso para determinar si procede destitución de Fredy Orellana tras petición de Arévalo
En un comunicado la Corte Suprema de Justicia indica que comenzó con el procedimiento correspondiente en ley, en seguimiento a la denuncia del presidente sobre que las acciones del juzgador amenazan el orden constitucional y la democracia.

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El presidente Bernardo Arévalo, en cadena nacional el domingo 26 de octubre, denunció un presunto intento de golpe de Estado, señalando como responsables a la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, y al juez Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo Penal.

Durante su mensaje, pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la destitución inmediata del juez, a quien acusó de actuar de forma contraria al orden constitucional y de amenazar la democracia.

No obstante, conforme a la Ley de la Carrera Judicial, el presidente no tiene facultad para destituir a un juez, ya que el procedimiento corresponde únicamente al Organismo Judicial. La normativa establece que la suspensión o destitución de un juez debe ser recomendada por la Junta de Disciplina Judicial, trasladada al Consejo de la Carrera Judicial y ejecutada por la CSJ, una vez concluida la investigación correspondiente.

El Organismo Judicial (OJ) emitió un comunicado este 29 de octubre, en el que explicó que los jueces gozan de estabilidad durante cinco años en sus cargos, y solo pueden ser removidos en los casos y con las formalidades que dispone la ley. También recordó que, si se les señala de delitos, deben ser sometidos a un proceso de antejuicio conforme al artículo 206 de la Constitución.

El OJ destacó que la Corte Suprema de Justicia ya inició el procedimiento correspondiente de acuerdo con la normativa vigente, asegurando que toda actuación se realizará respetando el principio de independencia judicial, el debido proceso y el derecho de defensa.

De forma paralela, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una resolución en la que advirtió al juez Fredy Orellana que debe abstenerse de emitir resoluciones que contravengan disposiciones constitucionales o legales, especialmente aquellas que puedan afectar el sistema democrático y electoral del país. La CC reiteró que los resultados del proceso electoral de 2023 son inalterables, y ordenó dejar sin efecto las notificaciones que el juez había enviado al Congreso y al Tribunal Supremo Electoral.

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