El presidente Bernardo Arévalo presentó una denuncia formal ante la Junta de Disciplina Judicial contra el juez Fredy Raúl Orellana Letona, a quien acusa de haber intentado interferir en los poderes del Estado y de buscar dejar sin efecto los resultados de las elecciones generales de 2023.

La acción del mandatario responde a la resolución emitida por Orellana el 25 de octubre de 2025, en la que declaró la nulidad absoluta del comité pro formación del partido Movimiento Semilla y remitió oficios al Congreso de la República y al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Dicha medida habría implicado la disolución del partido oficialista y la invalidación de los cargos obtenidos por Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y otros funcionarios electos.

El presidente argumenta que el juez cometió una falta grave, al “variar las formas del proceso y sus incidencias”, y una falta gravísima, por “interferir en las funciones de otros organismos del Estado”, según los artículos 41 y 42 de la Ley de la Carrera Judicial.

En su denuncia, Arévalo solicita tres acciones concretas:

1.      Suspender provisionalmente a Orellana mientras se realiza la investigación.

2.      Destituirlo e inhabilitarlo de forma permanente del Organismo Judicial.

3.      Certificar lo conducente al Ministerio Público, por posibles delitos de prevaricato, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y usurpación de atribuciones.

La Corte de Constitucionalidad (CC) ya había anulado la resolución del juez Orellana el 29 de octubre, ordenándole abstenerse de emitir decisiones similares y ratificando que los resultados electorales son oficiales e inalterables.

El caso ha generado un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y el sistema judicial, en medio de las acusaciones del gobierno sobre intentos de “socavar la democracia y la voluntad popular”.

Redacción por Andrea Palacios