La decisión de que Guatemala se incorpore al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), por medio de un cupo de acciones de US$40 millones aprobado por el Congreso, sigue generando polémica en distintos sectores y cometarios negativos.

Guatemala enfrenta una controversia técnica y legal tras la aprobación del Presupuesto 2026. En su artículo 85, el Congreso incluyó la incorporación del país al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, conocido como CAF, y ordenó comprar acciones por 40 millones de dólares usando parte de las Reservas Monetarias Internacionales, recursos que el Banco de Guatemala administra para dar estabilidad a la economía.

La redacción generó interpretaciones que especialistas consideran riesgosas: podría comprometer la autonomía del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, y crear incertidumbre en los mercados al sugerir que el Congreso puede ordenar el uso de reservas sin el procedimiento habitual.

El Banco de Guatemala rechazó la medida al señalar que podría ser inconstitucional. A estos cuestionamientos se sumaron diputados, centros de análisis económico y organizaciones civiles, que ven ambigüedades que afectan la institucionalidad financiera.

Expertos consultados por Canal Antigua coinciden en que el proceso debió iniciar con una consulta formal a la Junta Monetaria. Por ello recomiendan modificar el artículo 85 antes de su vigencia en enero de 2026, o podría terminar en la Corte de Constitucionalidad.

El Ejecutivo y el oficialismo sostienen que no existe ilegalidad. Señalan que el artículo exige que cualquier uso de reservas sea gestionado por Finanzas y aprobado por la Junta Monetaria.

La CAF es una entidad financiera regional creada en 1970, con sede en Caracas, integrada por 24 países y dedicada a financiar proyectos de desarrollo en América Latina.