Los fiscales regionales del MP rechazaron el informe de la CIDH por considerarlo sin sustento jurídico, mientras el documento advierte retrocesos en la independencia judicial y en la garantía de derechos humanos en Guatemala.

Los fiscales regionales del Ministerio Público rechazaron “categóricamente” las conclusiones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), divulgado el 1 de diciembre, en el que se advierte sobre una crisis en el sistema de justicia guatemalteco derivada de injerencias que afectarían la independencia judicial. Según el pronunciamiento, el documento “carece de sustento jurídico” y no refleja el funcionamiento real del sistema de justicia del país.

En su descargo, los fiscales sostienen que las actuaciones del Ministerio Público se rigen por la legalidad, los mecanismos de fiscalización interna establecidos en la normativa nacional y los controles judiciales que ejercen los tribunales. También rechazan la existencia de persecución arbitraria contra operadores de justicia, periodistas o defensores de derechos humanos, señalando que las investigaciones se originan únicamente a partir de denuncias planteadas por la ciudadanía y se tramitan “sin excepciones ni privilegios”.

El pronunciamiento agrega que el MP registra una eficiencia del 98% en la atención de casos y que el informe de la CIDH no toma en cuenta el contexto operativo, incluyendo más de 1.2 millones de expedientes heredados de gestiones anteriores. Además, advierten sobre riesgos y amenazas que enfrentan en el ejercicio de sus funciones y solicitan a la CIDH revisar sus valoraciones, al considerar que podrían no estar adecuadamente contextualizadas conforme a la normativa nacional.

Por su parte, el informe de la CIDH —resultado de una visita in loco realizada en julio de 2024— concluye que Guatemala enfrenta desafíos estructurales que afectan la institucionalidad democrática, la independencia judicial y el ejercicio de derechos humanos.

El documento señala que ciertas estructuras del Estado habrían sido influenciadas por actores políticos y económicos que buscan preservar intereses y garantizar escenarios de impunidad, y señala al Ministerio Público por supuestamente apartarse de su mandato de ejercer la acción penal de forma independiente y objetiva.

La CIDH emitió 43 recomendaciones al Estado guatemalteco orientadas a fortalecer la independencia judicial, garantizar el uso adecuado del derecho penal y mejorar la protección de poblaciones vulnerables.