Ejecutivo revisa legalidad de artículo del presupuesto que autoriza uso de reservas internacionales
Según el ministro Jonathan Menkos, el Minfin y de la Junta Monetaria analizan el tema. Aclaró que la solicitud original era que la compra de acciones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe se financiara con recursos del presupuesto.

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El Ejecutivo revisa la legalidad del artículo del Presupuesto 2026 que autoriza usar reservas internacionales. Finanzas pidió opinión a la Junta Monetaria y, por ahora, no hay decisión.

La aprobación del Presupuesto 2026 abrió un nuevo frente de dudas dentro del propio Ejecutivo. Aunque el Congreso autorizó que se puedan utilizar reservas monetarias internacionales para invertir en banca extranjera, el Ministerio de Finanzas aún no tiene claro si esa decisión se ajusta a la ley.

El ministro Jonathan Menkos explicó que ya enviaron un acuerdo a la Junta Monetaria del Banco de Guatemala para que los equipos legales de ambas instituciones revisen el tema. Comentó que este tipo de operaciones requiere un procedimiento específico y que, si el Banco detecta algún posible conflicto constitucional, podrían pedir una opinión a la Corte de Constitucionalidad.

Menkos también recordó que la solicitud original del Ejecutivo era que la compra de acciones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe se financiara con recursos del presupuesto. Sin embargo, la Comisión de Finanzas del Congreso decidió trasladar la operación a las reservas internacionales. Tanto el ministro como el presidente Bernardo Arévalo insistieron en que el cambio vino de los diputados y que ahora lo principal es aclarar el marco legal antes de avanzar.

Por ahora, no existe una decisión tomada. Menkos reiteró que el artículo 85 del Presupuesto condiciona cualquier uso de reservas a la autorización previa de la Junta Monetaria.

Desde el Congreso, el diputado Julio Héctor Estrada defendió la modificación. Aseguró que no representa riesgo para las reservas ni afecta la autonomía del Banco de Guatemala. Agregó que no se trata de financiamiento prohibido por la Constitución, sino de un movimiento de activos dentro del mismo Estado.

Por Andrea Palacios

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