La Comisión de Finanzas del Congreso se reunieron este jueves con autoridades del MIDES, PDH y Asociación de Transportistas, con el objetivo de abordar la implementación del programa para la gratuidad del Transporte de Personas Adultas Mayores.
Las deficiencias históricas del sistema de transporte público y las dificultades para hacer efectivo el beneficio de gratuidad para adultos mayores mantienen en revisión la política de subsidios en este sector.
Ante este escenario, autoridades del Ejecutivo y representantes del transporte iniciaron un proceso para ordenar el sistema y asegurar que el subsidio llegue a los usuarios, mediante un nuevo reglamento y la verificación del programa de transporte gratuito para adultos mayores.
El tema fue abordado en una reunión de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso, a la que asistieron autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Asociación de Transportistas.
Durante el encuentro, la viceministra del MIDES, Claudia Valenzuela, explicó que el reglamento deberá entrar en vigencia a finales de marzo de 2026 y que, previo a ello, se iniciará la recepción de expedientes de las empresas de transporte interesadas en aplicar al subsidio.
En tanto, el Presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, comentó que el Subsidio para implementar el programa de gratuidad para los adultos mayores, obliga a los transportistas a tener una plataforma electrónica prepago, mientras que el MIDES debe validar y realizar los procesos de inscripción de las personas mayores.
Cabe mencionar que el Congreso de la República destinó Q35 millones al Ministerio de Desarrollo Social para la creación del Programa para el Reconocimiento de la Gratuidad del Transporte de Personas Adultas Mayores, mismo que está contemplado en el Presupuesto de Estado 2026.
Según la normativa, será indispensable el uso de plataformas de cobro electrónico, tarjetas inteligentes o tecnología de registro automatizado que permita documentar la transacción y verificar el traslado del usuario beneficiado.
También, menciona que los transportistas públicos o privados deberán presentar, a más tardar el 28 de febrero, documentación que acredite su capacidad técnica y operativa para documentar electrónicamente la prestación del servicio, así como su integración en las plataformas de control y validación que establezca la cartera.
Durante la reunión, se planteó la creación de una mesa de diálogo técnica para discutir aspectos fundamentales como el tarifario y la flexibilidad de requisitos operativos, así como actualizar la normativa legal para que los requisitos sean claros, funcionales y acordes a la tecnología actual del transporte.
Por Bryan Choy
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